En España y en nombre de la sociedad civil se han cometido algunos pecados. Tal vez el mayor, apropiarse del concepto para defender intereses de parte, respetables, pero que hubieran sido mejor defendidos con un enunciado más fiel al espíritu de sus animadores y sin sacrificar tan transcendente nombre. Rescatar hoy su verdadero significado es deber de todos. Hay que despojarlo de connotaciones partidistas para volver a su esencia: una voz auténticamente transversal y plural que trabaje por la democracia, los derechos civiles y el robustecimiento de la justicia de todo tipo, justicia legal (en los tribunales), social (en barrios y ciudades), ambiental (en el entorno y la naturaleza), espacial (en las periferias urbanas y metropolitanas) y familiar (en nuestras relaciones).
Mi experiencia con la sociedad civil valenciana es dilatada. Para mí, su canto del cisne se produjo en el 2012 cuando un grupo de personas, entre las que tuve el honor de participar, elevaron su voz en una situación muy difícil solicitando “más sociedad civil”. Recuerdo que el añorado Paco Puchol, entonces presidente del Club de Encuentro Manuel Broseta, en este mismo periódico, y contestando a una pregunta del periodista Salvador Enguix, con su proverbial osadía, contestó: “Creo que la gente está cansada de muchas cosas, y quiere cambiar esas cosas; de alguna manera hay ganas de más sociedad civil, de comprometerse, de participar; y percibí que la gente, a pesar de lo ocurrido en muchos ámbitos, está muy orgullosa de su sociedad, de sus señas de identidad. A lo mejor estamos descubriendo que para que un coche se mueva hemos de empujar entre todos; y ahora estamos en una sociedad valenciana que casi no tiene motor… O empujamos todos o esto no se mueve. Esa creo que es la esencia de estas iniciativas porque Valencia va a volver a ser un gran referente económico y social en España”.
En la Comunidad Valenciana, el 2012 y el 2025 tienen en común el complicado momento que su sociedad está atravesando. Hace trece años, los casos de corrupción afloraban en la administración autonómica con nombres bien conocidos. La Comunidad Valenciana parecía el epicentro de la deshonestidad en España, aunque en realidad, y pese a los evidentes (y ahora sentenciados casos), la imagen negativa asociada con ella se había fraguado también en una sala de máquinas lejana, como apuntó Enric Juliana en un memorable artículo de 19 de abril del 2014: “Mejor pertrechada y con más dispositivos de poder a su alcance –los visibles y los menos visibles–, la derecha madrileña vio venir el torpedo del caso Gürtel, desplegó un escudo magnético y consiguió desviar el proyectil hacia Valencia, donde los dandis aún no se habían dado cuenta de que era el momento de guardar en el armario los trajes muy entallados y las corbatas de color pastel”.
Hoy, trece años más tarde, los medios de comunicación de toda España vuelven a abrir sus ediciones y sus boletines de radio y televisión con las consecuencias políticas de la dana de octubre del 2024 y con las exigencias de una depuración política que se antoja imprescindible. Sin ir más lejos, mientras el lector esté leyendo este artículo (o poco después) tendrá lugar en las calles de la capital valenciana la sexta de las manifestaciones para reclamar responsabilidades al Gobierno valenciano.
Pero no es un tema únicamente local, aunque haya sido este el que me ha movido a esta reflexión. El fortalecimiento de la sociedad civil en España y en Europa es un empeño igualmente apasionante que justificaría el esfuerzo de una generación. Cuando vemos amenazados los cimientos de la democracia, los derechos civiles y la justicia social, debemos lanzar un manifiesto a favor de una sociedad civil robusta, atrevida y valiente.
Universidad, Iglesia y empresas deben sumarse sin complejos a la defensa de los valores democráticos
Por supuesto que los partidos políticos son necesarios. Sin ellos no hay democracia. Pero en ellos no acaba la democracia. Hay un espacio anexo en el que, por encima o junto a la militancia, deberíamos ser capaces de construir un entramado fuerte y robusto que eleve su voz ante los ataques cada vez más virulentos a la libertad individual y a la vida en una sociedad abierta, tolerante e integradora.
No debemos aceptar (al menos no sin responder) que, con cada asalto, se pierda un espacio de convivencia, de fraternidad y emancipación. La reciente manifestación de Roma a favor de la idea de una Europa unida es la evidencia de que es posible concitar un acuerdo transversal entre muchos sectores, de izquierda, centro y derecha. Hoy los cuerpos intermedios de la sociedad deben mostrar su vigor.
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Y, dentro de ellos, instituciones de gran peso moral en España, como la universidad pública y la Iglesia católica, se enfrentan a un dilema trascendental: acomodarse al giro de la historia y olvidarse de su papel o encabezar una reacción, educadora y crítica la primera y profética y testimonial la segunda, que, sin estridencias, pero de manera contundente, muestre la necesidad de una sociedad más justa, libre y cohesionada.
Del mismo modo, la pelota también está en el alero de los empresarios, que deberían sumarse sin complejos a la defensa de los valores democráticos y sociales europeos, como hicieron en Alemania en febrero del 2025, cuando grandes empresas como Siemens, Mercedes o Deutsche Bank aunaron sus voces para alertar de las consecuencias del voto ultra y de las posiciones xenófobas. Por último, el periodismo debe seguir ejerciendo un papel crítico y documentado sobre lo que acontece, ofreciendo veracidad y contraste de fuentes. Todavía es posible una alianza civil por la democracia y por Europa.