Ha pasado ya casi una semana desde que, el pasado lunes, España sufrió un apagón generalizado que la dejó a oscuras, en lo que ya se considera la mayor caída del sistema eléctrico en nuestro país y, probablemente, en Europa. La gran pregunta sigue siendo la relativa a cuáles fueron las causas de este incidente, cuya reparación completa se prolongó casi un día; es decir, por qué se produjo la oscilación que lo originó, dónde se inició y por qué no se pudo aislar y así impedir su expansión peninsular. Pero también es verdad que, en estos días, hemos ido conociendo el contexto en el que se produjo el apagón y recibiendo información sobre el sistema eléctrico, que es en España de gran complejidad, involucra a diferentes operadores públicos y privados y reúne, y en ocasiones enfrenta, distintos intereses políticos, medioambientales y, por supuesto, económicos.
La dimensión política y la dimensión económica de este asunto son pues muy relevantes. Ambas han contribuido en buena medida al debate tras el apagón. Aunque no siempre a su transparencia. Como apunta la última encuesta del CIS, un 59% de la población cree que la información oficial sobre el apagón fue insuficiente. De todos modos, podríamos ya afirmar que una cosa será dilucidar a quién debe atribuirse la responsabilidad del apagón (que probablemente será compartida en varios grados por diversos agentes) y otra cosa será establecer a quién, en qué proporción y con qué objetivos corresponden las inversiones en reformas estructurales de la red encaminadas a evitar la repetición de un incidente de esta naturaleza y alcance.
Las diferencias entre agentes públicos y privados han aflorado de nuevo tras el incidente
El marco coyuntural del incidente está quizás ya definido con mayor precisión. El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha reiterado su inequívoco compromiso con la transición ecológica y promueve el desarrollo de las energías renovables. El salto dado durante el último lustro en este ámbito ha sido notable. El año pasado, el 56% de la generación eléctrica procedió ya del sector de las renovables (eólica y fotovoltaica), y se espera que en el 2030 se alcance el 81%. Cuando ocurrió el apagón, el 70,49% de la energía que servía la red era de origen renovable. El abanico de fuentes restantes –que incluye la nuclear, la de ciclo combinado, la hidráulica, la térmica, el carbón…– verá por tanto significativamente reducida su cuota en el futuro. Todo ello, en una circunstancia en la que todavía colea el debate sobre la paulatina desaparición de las centrales nucleares españolas, planificada para completarse en el 2035.
La naturaleza multipolar y diversa de nuestro sistema eléctrico, a la que hay que sumar las conexiones con Francia o Marruecos, hace difícil, como decíamos, atribuir ahora mismo responsabilidades precisas por el apagón. Pero este incidente deja muy claro que la red es frágil y que hay que efectuar en ella inversiones para garantizar el equilibrio entre la generación de la electricidad y su consumo, sin el cual el riesgo de percance es ineludible. Y deja claro también que el grado de sintonía entre los distintos agentes es mejorable.
El principal objetivo común no puede ser otro que ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos
En el pasado hubo ya diferencias entre las compañías eléctricas y el Gobierno. Ahora vuelve a haberlas, como indica el hecho que el Ejecutivo, independientemente de los informes que elabore el sector eléctrico, haya recabado la colaboración del CNI, la CNMC y el Consejo de Seguridad Nacional para esclarecer lo sucedido. Ciertas fuentes sugirieron que las renovables tenían su cuota de responsabilidad en el apagón, y es probable que así sea, puesto que las plantas solares necesitan adaptarse para amortiguar las caídas de frecuencia, aunque igualmente podría afirmarse que la red debe adaptarse a la creciente cuota de las renovables. El Gobierno, según insiste su vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en entrevista concedida a La Vanguardia , es taxativo al manifestar que el apagón no frenará las renovables. Por su parte, el líder opositor, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado estos días su apoyo a las centrales nucleares, calificando de temerario su cierre ya programado. Entre tanto, algunas compañías privadas han perfilado acusaciones entre ellas… Los intereses en juego, como apuntábamos, son importantes.
Ahora bien, el principal interés, tanto para los agentes públicos como para los privados, tiene que ser ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos. El sistema eléctrico debe avanzar sin sobresaltos. Y para ello es imprescindible que el cumplimiento de los objetivos gubernamentales de generación renovable, que avanza a buen ritmo, se complemente con el, por ahora más lento, de adecuación de la red a sus nuevas exigencias.