Va para nota el papelón de las administraciones públicas
–obsérvese el plural– implicadas en resolver la situación de los más de 500 sintecho que duermen en el aeropuerto de Barajas desde enero. Es otro ejemplo de cómo se encaran las situaciones de emergencia en este país: lavándose las manos. Peor aún, tirándose las personas a la cabeza –obsérvese aquí el complemento directo de la frase: personas–. Con más saña si cabe que cuando PP y PSOE discutieron hace un mes el reparto de menores inmigrantes.
Ninguna administración se ha molestado en hacer un censo de quienes se refugian en la terminal 4. Sí lo ha hecho una entidad social vinculada a Cáritas. Las condiciones de salubridad y las quejas de los trabajadores son una derivada de un grave problema social. Incluso el sindicato ASAE pidió ayer la mediación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en un intento desesperado para que no se normalice una situación humana inaceptable.
A la pregunta de a quién conciernen los cientos de personas que malviven en la T4 de Barajas, unos señalan a otros
Alguien dirá que en el aeropuerto de El Prat también duermen homeless. Así es, unos 180. Solo que aquí, tras meses ignorándolos, el polémico desalojo ordenado por AENA hizo audible el conflicto ante la prensa. El 9 de abril, el president Salvador Illa anunciaba que iba a poner sobre la mesa de los ayuntamientos de El Prat y de Barcelona unos 560.000 euros para comprometerlos a atender a esas personas. Por ahora no se ven los frutos de ese acuerdo.
Lo de Madrid pinta mucho peor. Solo hay que observar cómo están saliendo desde el viernes los dirigentes del PP. Como hienas. Toque a rebato contra el Gobierno. La última en incorporarse ha sido Isabel Díaz Ayuso, y lo hizo ayer mismo.
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A la pregunta de a quién conciernen esos cientos de personas que malviven en la T4 de Barajas, unos señalan a otros. Y los otros, a los unos. Qué ironía, todos ven dejación de funciones en el oponente y deslealtad institucional. Los escrúpulos y la vergüenza se han perdido del todo.
Para el presidente de AENA, Maurici Lucena, la competencia para resolver la situación de sinhogarismo es exclusiva del Ayuntamiento. Aunque suceda en instalaciones del Gobierno, que por ahora calla. El alcalde Almeida asegura que su responsabilidad se limita a personas sin techo que tienen vínculos con Madrid, no a los solicitantes de asilo atrapados en un limbo legal.
Y hay un tercer grupo. Son “los otros” –obsérvese la deshumanización de tal categorización–. Viajeros extranjeros atrapados en la capital por motivos de lo más diverso. O españoles empadronados en municipios madrileños cuyos servicios sociales tampoco han prestado atención. Personas, pero qué más da.
