Rabia e impotencia son las emociones que siento al leer el caso de la niña que, bajo la tutela de la dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), ha sido violada por muchos hombres y al leer que no están claras las cuentas de muchos centros. Y me siento así porque, como diputada de la undécima legislatura, denuncié estas y otras irregularidades en julio del 2016 y en enero del 2017.
Para preparar las interpelaciones que realicé en el pleno, tuve en cuenta en primer lugar los datos que publicaba la DGAIA en su página web, que venían a demostrar de manera obvia que algo raro ocurría y que fueron descolgados en cuanto yo terminé la intervención. También me basé en los testimonios de muchas familias. Recuerdo especialmente a una madre que adoptó en solitario a dos hermanos en España y que cada año debía pasar por el preceptivo control. En uno de esos controles le quitaron la custodia de ambos por las quejas de la hija, ya adolescente, que no admitía la autoridad materna. Meses después, la chica se escapó del centro y volvió a casa para pedir ayuda porque se había quedado embarazada de un chico mucho mayor, con el que “salía”.
También utilicé el testimonio de educadores sociales, atados de pies y manos si no querían perder su empleo, muy críticos con las declaraciones de desamparo realizadas por los Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) y con la falta de transparencia por la gestión de las ayudas recibidas por los centros. ¿Por qué, se preguntaban, algunos recurren a la ropa de beneficencia cuando reciben una cantidad más que considerable por cada criatura que acogen?
Me alegra que el Govern haya decidido “llegar hasta el final para aclarar unos comportamientos execrables y condenables”
Todo lo que denuncié: falta de seguridad jurídica en los procedimientos de desamparo, coacciones a familias y a trabajadores, rotura del vínculo familiar a cambio muchas veces de nada (por ejemplo, los y las adolescentes en acogida son quienes tienen peores resultados escolares), convivencia de críos con adolescentes problemáticos, situaciones de violencia, aprendizaje de modelos indeseables… Todo, digo, vino seguido de una serie de demandas que el Parlament aprobó, pero que, al decaer la legislatura, nadie tuvo en cuenta.
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Me alegra que ahora el Gobierno de Salvador Illa haya decidido “llegar hasta el final para aclarar unos comportamientos execrables y condenables”. Y me imagino que también se producirá un cambio radical de modelo. Porque el actual modelo asistencial, deudor de los antiguos hospicios franquistas, debe transformarse en uno preventivo y de atención comunitaria.