Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials, anunció ayer la refundación del sistema de atención y tutela a menores en Catalunya, hasta ahora responsabilidad de la dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). La profundidad de esta reforma viene ilustrada por el vaciado de competencias de la mencionada DGAIA, cuyas funciones, reorientadas, serán asumidas por un nuevo organismo, la dirección general de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), muy centrada en las tareas de prevención, como indica su nombre, más que en la protección, aunque también se reforzarán sus sistemas.
Ciertamente, no es habitual que la Administración proceda a reformas tan drásticas, que a efectos prácticos comportan la supresión de uno de sus entes. Pero, en los últimos tiempos, la DGAIA había encadenado una serie de presuntas irregularidades que obligaban a una reforma de gran escala. Primero fueron irregularidades asociadas a la contratación de servicios, que llamaron la atención de la Sindicatura de Comptes. Posteriormente, la Oficina Antifrau investigó la DGAIA por posible malversación de fondos. Y la gota que colmó el vaso fue la investigación judicial sobre una red de pederastia, en cuyas garras cayó una menor tutelada, que fue reiteradamente violada, en lo que constituyó una dolorosa prueba de ineficacia de la DGAIA en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
Es verdad que este servicio se ha visto muy tensionado en los últimos años, debido en buena medida al número de tutelados, que prácticamente se ha duplicado desde el 2015 hasta la actualidad. Pero la normalización de ciertas prácticas inaceptables, la excesiva externalización de sus servicios a entidades sociales y algunos fallos clamorosos en el sistema de protección de menores han sido factores decisivos para llegar ahora a la extinción de la DGAIA.
La Generalitat suprime la DGAIA, tras una sucesión de escándalos, y crea el nuevo organismo DGPPIA
A primera vista, las nuevas líneas de actuación parecen ir en la dirección correcta. Ante todo, hay que dar la bienvenida a esta renovación, ineludible dados los hechos relacionados en el párrafo anterior. Y, a continuación, cabe señalar como oportuno el nuevo énfasis en la prevención, entre otras razones porque el sostenido crecimiento del número de tutelados así lo aconseja. También parece acertado apostar por la acción en torno a cada uno de los niños tutelados, personalizándola en función de las necesidades específicas de cada caso. Y revisar el sistema de retirada de tutelas, para que se coordinen las decisiones con la participación de jueces y policías, en lugar de ser una prerrogativa de los funcionarios que tratan con los menores. Asimismo, parece muy pertinente fiscalizar mejor la gestión de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la labor de los órganos de tutela.
Uno de los reproches que se ha hecho con más frecuencia a la DGAIA ha sido la falta de transparencia. Escudándose en la defensa de la intimidad de los menores, representantes de este organismo han rechazado sistemáticamente peticiones de información, que en nada afectaban a dicha intimidad y que se relacionaban con sus mecanismos de gestión, cuando ya afloraban sus fallos. Esto no puede continuar así. La DGPPIA debe operar con luz y taquígrafos. La Generalitat no tiene margen para incurrir en nuevas irregularidades en un tema tan delicado como es la protección de menores. El nivel de confianza de la opinión pública se ha visto muy reducido tras las irregularidades de la DGAIA. Ayer se anunció la contratación de otros 300 trabajadores en los próximos dos años, pero no se revelaron los recursos económicos que se invertirán para que el nuevo organismo cumpla debidamente su función.
La DGAIA fue creada hace ya 37 años, y en el transcurso de este periodo se han producido grandes cambios sociales, como por ejemplo la expansión de la vida digital, que no han tenido su adecuado correlato en el seno de dicha entidad. En el 2019 se puso en marcha un informe para su renovación, que, una vez terminado, se quedó inexplicablemente en un cajón.
El Govern deberá controlar de modo más estricto, sin fallos, la atención a los tutelados
“El nuevo sistema debe permitirnos abrir una nueva etapa, dejar atrás la DGAIA y refundarla para que sea más ágil y eficiente, y para que proteja a los niños de manera más eficaz”, dijo ayer la consellera Martínez Bravo. Para que los hechos avalen sus palabras será necesario que el Govern de la Generalitat controle la tutela de menores de un modo más estricto, con menos fallos que hasta ahora.