Los cinco millones de personas que se han manifestado este fin de semana en cientos de ciudades de EE.UU. bajo el lema “No a los reyes” han sido la contrapartida a la fiesta y el deslucido baño de masas que el presidente Donald Trump decidió regalarse el sábado para celebrar que cumplía 79 años. Con la excusa de conmemorar ese día el 250.º aniversario del ejército estadounidense, convirtió esa celebración en un acto político usando a los militares de forma partidista. Los mismos militares que ha desplegado en California para reprimir las protestas por las redadas contra inmigrantes indocumentados. Muchos han visto en ese desfile un acto de propaganda al estilo de los regímenes autoritarios.
Una parada militar polémica no solo por su celebración –ha sido la primera por las calles de Washington desde 1991– y su elevado coste, sino también porque con ella Trump ha dejado clara su utilización del ejército para sus propias batallas políticas, evidenciadas en una paulatina militarización con la excusa de “liberar Los Ángeles de la anarquía”. Todo ello viene a confirmar los pasos dados últimamente por el presidente en su deriva autoritaria y autocrática. Trump utiliza California como banco de pruebas para comprobar el grado de obediencia del ejército a unas órdenes que muchos creen ilegales y anticonstitucionales.
Si ve que no hay oposición, Trump escalará la militarización y podría ampliarla a otros estados díscolos que denuncian que el presidente pretende legitimar sus políticas con una presunta invasión extranjera de agitadores y criminales que, según él, amenazan la seguridad nacional. La orden presidencial establece que las protestas no necesitan ser violentas para ser consideradas un levantamiento ilegítimo.
El presidente se ha inventado una crisis para utilizar el ejército como un arma política
El despliegue militar en California está teniendo un importante impacto económico en ese estado. Miles de inmigrantes han dejado de acudir a sus puestos de trabajo por temor a ser detenidos y deportados. Ello ha hecho que los empresarios se queden sin mano de obra, lo que afecta sobre todo a los trabajos de peor cualificación y sueldo, que los ciudadanos estadounidenses no quieren realizar. Trump ha admitido que las detenciones están vaciando el campo y la hostelería californianos de empleados y ha introducido retoques en su política antiinmigración para excluir a estos colectivos de las redadas.
Esta operación puesta en marcha por Trump no es en absoluto improvisada. Tras ella hay una estrategia que parte del plan de deportaciones masivas del presidente, ampliando el número de detenciones diarias sin órdenes judiciales. Con ello Trump persigue legitimar su discurso autocrático de que Estados Unidos está siendo invadido y solo él puede evitarlo y salvar al país. La política migratoria trumpista es la que tiene más apoyo de los votantes y sirve al presidente para ocultar sus muchas promesas incumplidas hasta ahora.
Trump ha declarado la guerra a los estados demócratas. Si las protestas siguen, tendrá la excusa perfecta para invocar la ley de Insurrección, que le permitiría legalmente militarizar las calles y suspender derechos constitucionales. La extrema polarización y la violencia política que vive el país tuvieron también el fin de semana un trágico episodio con el atentado contra dos políticos demócratas en Minnesota. Un ataque selectivo planificado tras el cual habría una motivación política de atacar a quienes critican y se oponen a las actuaciones del presidente.
Trump quiere legitimar el discurso de que solo él evitará que “agitadores y criminales” invadan EE.UU.
Trump está llevando sus políticas al límite. Se enfrenta y desoye las sentencias adversas de los tribunales, toma decisiones ejecutivas que son competencia y que debe aprobar el Congreso, ataca la libertad de prensa, carga contra las universidades y contra cualquier institución que defienda el pensamiento democrático crítico. La última línea roja cruzada ha sido imponer su autoritarismo a los estados, quitándoles soberanía y asumiendo competencias que no le corresponden sin pactarlas antes con los poderes estatales afectados, todos ellos de filiación demócrata.
El camino de Trump hacia la autarquía parece irreversible. Ataca la separación de poderes y persigue el pluralismo, todo para atrincherarse, consolidar y perpetuar el movimiento MAGA en el poder y debilitar a sus rivales. Incluso ha dejado caer ya su interés por presentarse a otro mandato, algo que la Constitución prohíbe. Los equilibrios y contrapesos de la democracia estadounidense se tambalean ante esta embestida autocrática y por eso son más necesarios que nunca. El dilema ahora es si se puede incitar a responder a los estadounidenses que odian la tiranía. Porque ya ha quedado claro que, con su radical presidencia, Donald Trump ha establecido los cimientos de una autocracia competitiva en Estados Unidos.