Cincuenta y dos días después del gran apagón, que dejó a oscuras España y Portugal el 28 de abril, y cuarenta y cinco días antes de la llegada de agosto, fecha límite fijada por el Gobierno para exponer las causas del percance, el martes se presentó el informe oficial al respecto, tras ser ratificado por el Consejo de Seguridad Nacional y por el Consejo de Ministros.
La principal conclusión de dicho informe, que salomónicamente reparte culpas entre Red Eléctrica de España (REE), con un 20% de participación pública, y las grandes compañías privadas, es que el apagón se debió a “múltiples factores”, hilvanados en una secuencia que se inició con carencias de programación y oscilación de tensiones en la red, siguió con desconexiones de plantas y pérdidas de generación, acumuló intentos de control fallidos y abocó finalmente al colapso del sistema eléctrico. La segunda gran conclusión es que la caída del suministro no se debió en ningún caso a un ciberataque, es decir, a un factor ajeno al sistema, razón por la que queda descartada una teoría apuntada en su día por REE y muy comentada tras el apagón.
Estas dos conclusiones son importantes, pero no nos aclaran todo lo que querríamos saber. Y no solo porque la jerga relacionada con el suministro eléctrico sea ininteligible para muchos españoles, sino también porque en el informe presentado por Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, tras el Consejo de Ministros del martes, había omisiones notables.
La vicepresidenta Aagesen presenta un informe que reparte culpas entre REE y las eléctricas
Por ejemplo, en materia de nombres propios. No se decía en dicho informe, de 182 páginas, cuáles fueron las instalaciones que debían absorber la tensión el 28 de abril y no funcionaron debidamente, ni cuál fue la central que el día antes anunció que no estaría operativa el 28 o quién tomó la decisión de no relevarla o cuáles fueron las compañías eléctricas propietarias de las instalaciones que debían haber funcionado de otro modo para evitar el llamado “cero eléctrico”. El Gobierno lo atribuye a que tuvo que firmar contratos de confidencialidad para poder acceder a los datos de las empresas.
Es fácil entender que atravesamos un periodo de grandes cambios en el sistema de generación y consumo energéticos, que unas fuentes más convencionales se debaten entre una prolongación de su ciclo o su extinción, y que las renovables parecen una clara apuesta de futuro y, sin embargo, presentan de momento problemas de integración en un sistema que padece los desajustes propios de toda fase de transformación.
Pero el Gobierno y las grandes compañías eléctricas deben entender también que su prioridad absoluta es ahora trabajar e invertir todos los recursos necesarios para que el sistema eléctrico mejore día a día y para que no pueda repetirse un episodio como el del 28 de abril. Para ello es imprescindible llegar al fondo de la investigación, dirimir responsabilidades y actuar con plena transparencia, que no puede hipotecarse por el mero hecho de que las compañías hayan solicitado expresamente no aparecer mencionadas, aduciendo razones de confidencialidad y legales. La justicia y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrán más pronto que tarde su palabra en este asunto. La opacidad, ni siquiera la parcial, no es una opción.
El estudio evita poner nombres propios a los operadores implicados en el percance de abril
En el informe, que Aagesen definió como “herramienta de análisis y acción para identificar las mejoras a hacer”, se califican algunas desconexiones de “indebidas”, se habla de errores de cálculo y de fallos en la operativa. Naturalmente, si se pretende que la mencionada herramienta sea útil, habrá que conocer todos los detalles de lo ocurrido y saber a quién cabe atribuírselos, ya sean agentes privados o públicos.
Otra de las conclusiones del informe, particularmente relevante, es el reconocimiento de la necesidad de renovar la normativa de operación. Dicho en otras palabras, en una coyuntura en la que las fuentes energéticas, como se indicaba más arriba, son numerosas y diversas, y en la que su acoplamiento exento de desequilibrios perjudiciales es más dificultoso que con una fuente única y programable, es urgente establecer las condiciones para que tal diversidad no se convierta en un elemento peligroso. El caso reclama toda la claridad posible sobre lo sucedido, y en este sentido puede ser interesante lo que aporte otro informe, el de Bruselas y acaso más completo, que se espera para final de octubre. Entretanto, se aguarda con expectación el real decreto con medidas de mejora preparado por el Gobierno para que no se repita la caída del 28 de abril.