El Gobierno ha anunciado un incremento progresivo del gasto en defensa hasta alcanzar el 2,1% del PIB. A pesar de las declaraciones del Ejecutivo presidido por D. Pedro Sánchez, ese objetivo ha sido considerado insuficiente tanto por el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, como por algunos estados de esa organización, por ejemplo, Polonia. El debate sobre esta cuestión trasciende las simples consideraciones presupuestarias porque afecta de lleno a una de las funciones básicas del Estado, la de garantizar la seguridad de su territorio y de sus ciudadanos frente a potenciales agresiones, y al cumplimiento de sus compromisos internacionales. Esas dos variables son las esenciales para evaluar la posición gubernamental sobre esta materia.
El panorama de seguridad global ha experimentado una transformación radical. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha desmantelado décadas de relativa estabilidad, ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las fronteras europeas y ha hecho remerger el fantasma de las agresiones interestatales. El conflicto ruso-ucraniano sumado a la persistencia de amenazas como el terrorismo transnacional, la creciente sofisticación de los ciberataques, la desinformación y la inestabilidad en regiones adyacentes a Europa (Sahel, Oriente Medio), han redefinido el escenario geopolítico y, por tanto, las prioridades en materia de seguridad estatal y colectiva.
En este escenario, el gasto en defensa de las Españas es insuficiente, y no solo porque queda por debajo del deseado por la OTAN. Con su posición geoestratégica en el Mediterráneo, su cercanía al Norte de África y su papel en el flanco sur de la Alianza Atlántica, las Españas se enfrentan a desafíos específicos que requieren capacidades de las que ahora se carece e imprescindibles para desplegar una estrategia de defensa-seguridad acorde a la naturaleza de la guerra híbrída. La necesidad de proteger las fronteras, controlar los espacios aéreos y marítimos, y participar en misiones internacionales para estabilizar regiones cercanas exige un nivel de financiación superior al 2,1 por 100 del PIB.
Por otra parte, limitar el gasto en defensa a esa cifra es un ejercicio de insolidaridad respecto a los demás estados de la OTAN. Conforme al Artículo 5 del Tratado de Washington, el ataque contra uno de los miembros de la Alianza Atlántica es un ataque contra todos. La efectividad de ese principio exige una contribución financiera igual de sus miembros a la capacidad disuasoria y defensiva de la OTAN. Las Españas no pueden
ser excluidas de esta regla general porque, entre otras cosas, ello evidenciaría una falta de compromiso con la filosofía y los fines de la organización, sería un incentivo para que otros estados hiciesen lo mismo y debilitaría la cohesión y la eficacia de la Alianza Atlántica.
Los ejércitos necesitan modernizarse de forma constante. Esto implica la adquisición de equipamiento de última generación, la inversión en investigación y desarrollo para estar y mantenerse a la vanguardia tecnológica (inteligencia artificial, drones, ciberseguridad, guerra electrónica), y la mejora continua de la formación y capacitación del personal militar. Unas fuerzas armadas bien dotadas son un potente elemento disuasorio, porque reducen la probabilidad de cualquier agresión y garantizan la protección del territorio y de la población.
La dicotomía entre las prioridades sociales y los imperativos de seguridad planteada por la izquierda es falsa. Ignora una verdad fundamental: no hay bienestar social duradero sin seguridad. Un Estado incapaz de garantizar aquella es vulnerable a la inestabilidad, a la coacción y, en última instancia, a la agresión. La defensa no es un lujo, no es una opción más en el menú presupuestario; es el cimiento sobre el que se edifica cualquier proyecto de prosperidad social. Es la póliza de seguros que permite que la economía tenga la estabilidad necesaria para prosperar, los ciudadanos vivan en paz y sea posible tener servicios públicos.
Situar el gasto en defensa en el 3,5 o en el 5 por 100 del PIB es un proyecto ambicioso pero alcanzable y deseable. De entrada, ello tendría un impacto positivo sobre el crecimiento y el empleo en el sector de la defensa y sus industrias auxiliares, pero también produciría externalidades positivas sobre el conjunto de la economía, sobre sus capacidades industriales y tecnológicas lo que incentivaría la innovación y, en consecuencia, la productividad (Schularik M., Strobl T., Wachtel P., Guns and Growth: The Economic Consequences of Surging Defense Spending, Kiel Institute for the World Economy, February 2024)
Una estrategia de esa naturaleza ha de verse acompañada de un plan de recorte, revisión y restructuración del gasto público. Por un lado, una gran parte de él se destina al consumo corriente y a otras partidas sin impacto alguno sobre el crecimiento, la productividad y la competitividad a largo plazo; por otro, las Españas están entre los Estados de la OCDE con mayor ineficiencia del gasto público sólo superada por Italia, Grecia y Portugal.
Existe pues un margen extraordinario para incrementar el gasto en defensa sin subir impuestos y, a la vez, proceder a una reducción del binomio déficit-deuda.
En conclusión, el 2,1 por 100 de aumento del gasto en defensa planteado por el Gobierno es insuficiente a efectos de seguridad, es insolidario en relación al realizado por otros estados de la OTAN y no garantiza la sostenibilidad del Estado del Bienestar, sino intenta legitimar el despilfarro presupuestario del Gobierno.