Desde la medianoche de ayer, Polonia ha puesto en marcha el restablecimiento temporal, inicialmente por treinta días, de controles en sus fronteras con Alemania y Lituania, anunciado la semana pasada por el primer ministro polaco, Donald Tusk, para luchar contra la inmigración ilegal.
La medida llega tras días de tensiones internas, con la oposición polaca azuzando el discurso antiinmigratorio y antialemán. Es la respuesta a la decisión de Alemania de devolver a Polonia a miles de migrantes que, según Berlín, habían cruzado ilegalmente la frontera. Tusk contesta así a la medida adoptada unilateralmente por el canciller alemán, Friedrich Merz, que incluye expulsiones “en caliente”, y que fue un punto clave de su programa electoral. El premier polaco acusa a Alemania de negarse a recibir a inmigrantes y de devolverlos a Polonia, lo que, según Tusk, “ha colmado la paciencia de los polacos”.
En este contexto, preocupa la aparición de unas patrullas ciudadanas, impulsadas por la ultraderecha polaca, dedicadas a peinar la franja fronteriza en busca de “sospechosos” y “detectar” a inmigrantes irregulares “de culturas ajenas”, es decir, por el color de su piel, en territorio polaco tras presuntamente haber sido expulsados por Alemania.
El Gobierno alemán declaró ayer que los controles de Polonia son “una señal importante para controlar la migración en las fronteras exteriores de toda la UE, porque es la única manera de alcanzar el objetivo común de organizar y contener la migración irregular”. Desde el 2023, Alemania tiene controles fronterizos con Polonia y la República Checa con el argumento precisamente de frenar la inmigración irregular. El año pasado, cuando presidía el Gobierno el socialdemócrata Scholz, amplió estos controles a todas las fronteras terrestres alemanas para disuadir a los migrantes y para reforzar la seguridad interior después de que hubiera en el país varios ataques islamistas. Lituania ha criticado la nueva medida polaca, calificándola de decisión unilateral motivada por la disputa entre Varsovia y Berlín, pero no introducirá controles propios en la frontera común con Polonia.
Polonia implanta controles en sus lindes con Alemania y Lituania para frenar la inmigración
Los estados europeos de esa zona del continente llevan tiempo acusando a Rusia de empujar a inmigrantes a entrar en la Unión Europea a través de la frontera con Bielorrusia, en un ejercicio de guerra híbrida, lo que Moscú y Minsk niegan. Desde hace cuatro años, Polonia está empleando todos los medios en su frontera con Bielorrusia para impedir la entrada de refugiados y de migrantes a la UE, con duras consecuencias humanitarias.
La decisión implementada por Polonia así como los controles fronterizos temporales que ya llevan a cabo diversos países europeos suponen otro duro golpe al denominado espacio Schengen, una zona de libre circulación de la UE que acaba de cumplir cuarenta años y que está viviendo horas bajas en diversas áreas del continente.
La crisis migratoria y la presión de extrema derecha en numerosos países miembros de la UE están llevando cada vez a más estados a adoptar cierres temporales de fronteras, algo que el espacio Schengen permite solo en circunstancias excepcionales, de emergencia (como ocurrió durante la pandemia) y para evitar amenazas concretas a la seguridad interior o al orden público. A este último punto es al que se acogen los países que implementan estas medidas, lo que refuerza sus políticas ya muy restrictivas contra la inmigración.
Hasta 11 de los 29 países que forman parte del espacio Schengen han establecido controles teóricamente temporales, pero que se han eternizado. He aquí algunos casos: los Países Bajos introdujeron controles con Alemania y Bélgica. Austria lo hace en sus límites con Hungría, Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa. Dinamarca los aplica en su frontera con Alemania, e Italia lo hace con Eslovenia, mientras que Alemania controla sus fronteras con Francia, Dinamarca y los Países Bajos.
Países europeos limitan cada vez más el espacio Schengen, presionados por la extrema derecha
Lo que debería ser una excepción, un último recurso, se ha convertido en una herramienta habitual que utilizan los estados sin que hasta ahora la Comisión Europea, garante del acuerdo de Schengen e institución que debe autorizar los controles temporales, haya alzado significativamente la voz. El discurso de la extrema derecha, vinculando inmigración con seguridad, va calando cada vez en más países de la Unión, cuyos gobiernos aumentan sus políticas restrictivas en este campo y, incluso, se verán animados a ello por la propia presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que este semestre ocupa Dinamarca y que defiende políticas más duras en este campo. Europa implementa más controles internos tras su fracaso para conseguir un control efectivo de sus fronteras exteriores.