España tiene un grave problema con la corrupción. También lo tienen sus políticos. El gobierno conservador de Mariano Rajoy cayó en la primavera del 2018, mediante una moción de censura registrada por el PSOE, después de que la Audiencia Nacional fallara que el PP se había nutrido con un esquema de sobornos a cambio de contratos, enmarcado en el caso Gürtel, y constatara la existencia en dicha formación de una contabilidad B.
El Gobierno progresista de Pedro Sánchez atraviesa desde hace semanas su peor crisis en siete años, después de que, a raíz de grabaciones en poder de la UCO, trascendiera que sus dos últimos secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han operado en una trama corrupta que adjudicaba obra pública de modo irregular.
La corrupción no es un asunto privativo de un partido, sino que, en mayor o menor medida, ha manchado a los que pasaron por la Moncloa. Carece de sentido utilizarla como arma arrojadiza contra el rival, puesto que no solo a él le afecta. Dichos partidos mayoritarios han contraído una responsabilidad que va más allá de cada uno de los casos de corrupción descubiertos, y que tiene que ver con sus insuficientes esfuerzos para erradicarla. La tarea es, desde hace años, urgente. La cantidad de recursos colectivos que se pierden por esta causa es importante y muy lesiva para el conjunto de la ciudadanía.
Ante este ominoso telón de fondo, que como decimos no es coyuntural, sino permanente y ya histórico, ayer se celebró en el Congreso de los Diputados un pleno en el que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, compareció para dar explicaciones tras el último escándalo, y en el que a la vez tenía dos objetivos. Primero, tratar de contener la erosión a la que le somete el PP, cosa que hizo proponiendo un plan anticorrupción. Y, segundo, y no menor, restaurar una mayoría de la investidura que en las últimas semanas condicionaba su futuro apoyo a una reacción convincente de Sánchez contra la corrupción. Dicho plan gubernamental consta de quince medidas, empezando por la creación de una agencia independiente dedicada a la prevención y persecución de prácticas corruptas. Entre esas medidas se cuentan también mayores penas para las empresas corruptoras.
El presidente propone un plan de quince medidas para combatir las prácticas corruptas
Presentado con el aval de otros grupos parlamentarios, de la OCDE, del Consejo de Europa y de la Comisión Europea –que en un reciente informe denuncia un “alto riesgo de corrupción en España”–, el plan gubernamental consta de cinco apartados: prevención de riesgo y fortalecimiento de controles, protección de los denunciantes de la corrupción, refuerzo del Estado en su lucha anticorrupción, recuperación de los recursos robados y fomento de una cultura de la integridad.
El plan presentado podrá parecer insuficiente o mejorable –toda lucha contra la corrupción es poca–, pero integra una batería de medidas notable y con escasos precedentes. Por ello, merece nuestro aplauso. Creemos que sería lógico y deseable que todos los partidos que blasonan una posición abiertamente crítica con la corrupción le dieran su aplauso o su respaldo.
Respecto a la segunda cuestión, es decir, las reacciones obtenidas por Sánchez y su deseo de recomponer apoyos perdidos o en la cuerda floja, diremos también dos cosas. La primera, que las respuestas de PP y Vox fueron las previsibles. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo de Sánchez (pese a su propuesta en quince puntos) que “no vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo”.
Y el ultra Santigo Abascal sostuvo que el único plan que vale para Sánchez es la dimisión. Es decir, una nueva tanda de descalificaciones del presidente del Gobierno, cuya longevidad política depende, por cierto, más de sus apoyos –y, por supuesto, de su honradez– que de la opinión o el deseo de los rivales.
La mayoría de la investidura mantiene, con reservas varias, el apoyo al Gobierno
Mención aparte merece el lamentable tono de las réplicas y contrarréplicas de Sánchez y Feijóo, enlodados en el “y tú más”, con alusiones a la relación de Feijóo con un narcotraficante o a la supuesta vida de Sánchez a cargo de prostíbulos. Todo parece valer. Y no es así.
Más interesantes fueron las reacciones de los partidos de la investidura, de los que en definitiva depende Sánchez para cumplir con su afán, ayer reiterado (“tirar la toalla no es una opción”), de agotar la legislatura. Aunque distanciándose, y condicionando su apoyo a la no aparición de informaciones que comprometan al Gobierno, ninguna de esas formaciones pidió el anticipo electoral o la dimisión de Sánchez, que ayer, tras varias semanas horribilis , y aun sin librarse de su fragilidad, salvó la pelea e incluso recuperó en parte la iniciativa.