Lo que mal empieza acostumbra a acabar mal. Hace 16 meses que el juez Juan Carlos Peinado decidió abrir una investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras una denuncia por tráfico de influencias y corrupción privada por parte de la organización Manos Limpias –con una denominación más impoluta que su historial–, a partir de unos pocos recortes de prensa. Uno de ellos incluso equivocado, porque correspondía a otra persona con el mismo nombre. La Fiscalía solicitó el archivo de la denuncia, pero días después se personaron como acusación una serie de organizaciones de extrema derecha (desde Hazte Oír hasta Vox), alegando que un empresario habría obtenido beneficios por asistir a la mujer del presidente en la creación de una cátedra en la Complutense.
El Supremo rechaza la petición del juez Peinado de investigar a Félix Bolaños, en la foto
El informe preliminar de la unidad central operativa (UCO) no encontró pruebas de los delitos imputados, ni de una relación entre Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, ni de su influencia en el rescate de Air Europa. Lo lógico es que todo hubiera terminado aquí, pero la Audiencia Provincial de Madrid respaldó continuar la investigación. Un nuevo informe de la UCO concluyó que no existían indicios, ni irregularidades.
El Tribunal Supremo ha desautorizado a Peinado en su intento de imputar al ministro de Justicia
Para hacerlo corto, el juez Peinado ha dedicado todo su tiempo y esfuerzos en acorralar no solo a la esposa de Pedro Sánchez, sino también a miembros del Gobierno, incluido el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ha tomado declaración al presidente del Gobierno en la Moncloa, aun sabiendo no está obligado a declarar contra su cónyuge, y más tarde ha vuelto al recinto para interrogar a Bolaños. Ha hecho declarar en el juzgado a Begoña Gómez e incluso han tenido que prestar declaración los presidentes de compañías como Google, Telefónica e Indra.
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El revolcón del Tribunal Supremo es de los que hacen época. Su resolución para los pies al juez y evita extender una investigación que parece más prospectiva que otra cosa. Le avisa que no se puede encausar al ministro basándose en hipótesis y le reprocha que se salte a la Fiscalía en el procedimiento. Así que se puede pensar que pretende desgastar al Gobierno más que buscar la verdad.