Hace cuatro años y medio publiqué en estas páginas un artículo (“Un carnet de puntos presidencial”, 24/I/2021) de título muy parecido al de hoy. Debe de ser cosa de la edad: envejecemos y nos repetimos más y más. La circunstancia era entonces distinta, puesto que Donald Trump terminaba su primer mandato presidencial y Joe Biden estaba a punto de relevarle (y hoy Trump vuelve a mandar y Biden no parece en condiciones para relevar a nadie). Precisamente por eso, era un momento apropiado para hacer balance. Y para concluir que alguien que había abusado tanto del poder hacía necesario instaurar un carnet de puntos presidencial que, a la manera del que en España inhabilita a los infractores reincidentes del código de circulación, penalizara y apartara del cargo a quien encadenara infracciones.
El primer mandato de Trump, perlado de mentiras, de alianzas sospechosas, de causas judiciales en las que él era el investigado e incluso el condenado, dio pie a aquella sugerencia. El segundo mandato está demostrando que es urgente aplicarla. Pero no voy a insistir aquí en el caso de EE.UU., sino en la posibilidad de establecer un carnet de puntos semejante en distintos ámbitos de la política española. Porque el barro y el ruido mediático han alcanzado tal omnipresencia y tal volumen que desvirtúan su ejercicio e impiden debatir sobre las cuestiones que de veras interesan a los ciudadanos: las carencias del sistema educativo, las listas de espera sanitarias, el déficit habitacional o el cuidado del medio ambiente. En lugar de hablar de eso, nuestros líderes se dedican a dar lecciones de ética al rival, como si el currículum de su partido los avalara, cuando sucede lo contrario.
La bronca constante que paraliza la gestión política puede basarse en irregularidades –como las derivadas del caso Cerdán– que deben ser investigadas y, si procede, castigadas. Pero en ocasiones son el producto de montajes interesados, que se fabrican en determinadas instancias policiales, son divulgados por medios subvencionados a tal fin, propician denuncias ante los tribunales de asociaciones ultraderechistas y acaban secuestrando la vida parlamentaria y sustrayendo su función principal, al tiempo que destrozan la confianza de los ciudadanos en la democracia.
Los abusos policiales, mediáticos, judiciales o políticos deberían ser contenidos
Por ello cabría considerar la implantación del carnet de puntos en ámbitos como el policial, el mediático, el judicial o incluso el político. No se trata de menoscabar la libertad de ningún agente social, sino de impedir que se extralimite reiteradamente e incumpla su labor.
Por ejemplo, ¿debe aceptarse que Manos Limpias siga agitando la escena con la presentación de denuncias de intencionalidad política manifiesta, que en su gran mayoría quedan en nada? ¿No sería mejor para el país limitar la acción de este campeón del abuso procesal, advertida y denunciada ya por la administración de justicia? ¿No sería reconfortante comprobar que, una vez acumulada cierta cantidad de fiascos judiciales, Manos Limpias no veía admitida a trámite su enésima querella, ni las sucesivas?
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Lo mismo podría aplicarse a policías que presentan como buenos dossieres que no lo son, no una vez, sino a menudo; o a autodenominados periodistas que deshonran la profesión divulgando historias falsas, o a jueces que retuercen instrucciones con más saña que resultados. Insisto, no se trataría de impedir a nadie que realizara su función, sino de evitar que la utilizara una y otra vez con fines tramposos. ¿Cuántas ruedas de prensa más tienen que reventar los agitadores disfrazados de periodistas en el Congreso para quedarse sin puntos ni credencial y dejar de fastidiar?
Desde que se implantó el carnet por puntos, la siniestralidad y el número de infracciones han caído. Hay un 40% menos de sanciones por exceso de velocidad y un 30% menos por conducir bebido o drogado. A veces sueño que quienes abusan de su función pública son apartados de las posiciones que ocupan. Pero enseguida se enzarzan en otra trifulca, me despiertan con sus voces estentóreas y me devuelven a la realidad. ¿Hasta cuándo?