Salvador Illa cumplirá este viernes un año como presidente de la Generalitat y uno de los primeros encargos que le hizo al número dos de su gobierno, Albert Dalmau, fue que agilizara la administración pública para evitar el suplicio de la implacable burocracia. Este año se han dado pasos en esa línea que han acarreado disgustos al mencionado conseller por la oposición funcionarial a cambiar hábitos como el teletrabajo o la obligatoriedad de la cita previa.
Esta semana hemos conocido la intención del Govern de simplificar 170 trámites digitales. Aplaudimos la medida que debería extenderse a todas las tramitaciones oficiales farragosas e incomprensibles para la gente. Entre los trámites que se simplificarán a partir de junio del 2026, hay ayudas que van desde la dependencia, la discapacidad o el alquiler hasta la energía renovable.
La Generalitat quiere agilizar 170 trámites de la ciudadanía
Todos estos asuntos acumulan expedientes con meses y años de retraso en su resolución. Un ejemplo son las subvenciones a la renovables, principalmente las placas solares que muchas familias instalaron por el alto precio de la energía convencional y por la promesa de ayudas. Para ello, Catalunya recibió, al menos, 354 millones de euros de los fondos europeos. La mayoría de ese dinero (208,8 millones) era para ayudar a domicilios particulares, pero hasta ayer solo se ha pagado un 21%. El retraso para otorgar estas ayudas es de récord. Este mes se están contestando solicitudes presentadas a finales de 2021. Muchas familias pensaban que el trámite había quedado en el limbo y ahora, casi cuatro años después, reciben la notificación del otorgamiento de la ayuda.
Pero esa alegría dura muy poco cuando se comprueba que, administrativamente, una cosa es otorgar y otra, pagar. Para cobrar, el ciudadano debe rellenar hasta 23 informes para “justificar” la instalación y esperar al menos un año más. Lo curioso es que esa documentación ya se tuvo que presentar en su día para solicitar la ayuda. ¿Por qué se vuelve a pedir? A la vista de los Excels, pdfs e informes técnicos que se requieren, da toda la impresión que la intención oculta es que el ciudadano desista y si no lo hace, quizás se busca que cometa algún error para poder denegarla. Está claro que la burocracia se resiste a morir.
