La península Ibérica arde este verano con olas de calor extremo que alimentan una sucesión de incendios forestales voraces y simultáneos a lo largo y ancho de la geografía. El cambio climático ha convertido este mes de agosto en el más cálido desde que hay registros meteorológicos y, asimismo, en uno en los que se han calcinado más hectáreas debido a los incendios forestales. En lo que va de año, ha ardido en España la misma superficie que el 2023 y 2024 juntos.
Ante esta situación, hay que reforzar la colaboración entre todas las administraciones públicas y los efectivos disponibles para frenar la expansión de las llamas que amenazan vidas y propiedades en diversos lugares del país. La catástrofe de este verano debe servir para concienciar definitivamente a las autoridades sobre la necesidad de prevenir los incendios forestales con el adecuado cuidado de los bosques y de los entornos rurales. Nunca se debe olvidar el lema de que los incendios del verano deben apagarse en invierno, antes de que prendan las llamas, y adecuarlo a las nuevas condiciones que impone el cambio climático.
La ola de incendios forestales de estos días ha costado dos vidas, deja varios heridos graves, miles de personas desalojadas de sus hogares y decenas de miles de hectáreas quemadas. Algunos incendios han sido ya controlados, pero otros seguían ayer activos en siete comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid y Asturias. Junto a los recursos de las comunidades, están trabajando efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Gobierno efectuó un llamamiento a la UE para pedir el envío de ayuda en caso necesario.
La prioridad no es otra que contener los fuegos, debe imponerse la colaboración a la brega política
El balance de lo que va de año es de un total de 199 incendios forestales que han quemado ya más de 100.000 hectáreas en España, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. La superficie calcinada es más del doble que la que ardió durante ese mismo periodo en el 2024, cuando se habían registrado 219 fuegos que arrasaron 42.615 hectáreas, pero el peor año sigue siendo el 2022 cuando por estas fechas habían ardido 306.555 hectáreas.
Todo indica que las cosas van a ir a peor en los próximos años. Un reciente informe de la ONU advierte sobre el riesgo de mayores incendios forestales y más intensos (por culpa del calentamiento global, de que cada vez hay más zonas boscosas abandonadas...) y pide a los gobiernos un cambio radical en sus políticas contra el fuego en los bosques. Les pide que destinen dos tercios del gasto a la planificación, prevención, preparación y recuperación, y el tercio restante del presupuesto a la respuesta, es decir, para apagar los incendios.
España debe tomar nota de dicha recomendación porque es uno de los países europeos con mayor riesgo de incendios y de desertificación. Greenpeace ha calculado que una inversión de mil millones de euros anuales en prevención y gestión de incendios forestales podría ahorrar hasta 99.000 millones de euros en extinción y permitiría salvar 9,9 millones de hectáreas, una superficie casi equivalente a la de Portugal o casi una quinta parte de España.
El cambio climático obliga a ajustar planes de prevención y aumentar el cuidado de los bosques
La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, dijo ayer que tiene claro que se deben emprender todas las actuaciones en materia de prevención para que, cuando llegue la temporada de incendios, los daños sean los mínimos posibles. La teoría de cómo hay que actuar está clara y, por tanto, hay que ponerse manos a la obra con la definición de una política forestal adecuada, que implique además la unidad y la coordinación entre todas las administraciones, así como con el sector privado, los propietarios de los bosques y las organizaciones agrarias.
Aparte de en los medios, hay que insistir en la necesaria lealtad institucional porque estos días, cuando la prioridad no es otra que contener los fuegos y evitar daños, ha vuelto a ponerse de manifiesto el espectáculo poco edificante de la brega política y las discrepancias competenciales entre la Administración central y algunas comunidades autónomas. Deberían quedar muy claros los mecanismos y protocolos de actuación política y administrativa ante las catástrofes y asumir todos sus responsabilidades. El peor error que puede cometerse es utilizar también estos fuegos como arma sistemática de confrontación política, como han hecho representantes de diferentes partidos. Con las llamas arrasando la Península, la ciudadanía no comprende ni acepta que la lucha contra el fuego se utilice para dividir y no para unir.