Elías Bendodo, vicesecretario general de política autonómica y municipal del PP, acusó el jueves a Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, de ser “una pirómana más”. Dicha acusación se corresponde con la dura oposición conservadora, pero resulta particularmente desafortunada. En primer lugar porque, en el ejercicio de su cargo, Barcones lleva casi dos semanas trabajando sin tregua para combatir los incendios que arrasan el oeste y el noroeste peninsular (y no para prenderlos). En segundo, porque decir de alguien que sufre piromanía y que se comporta como un pirómano equivale a atribuirle una enfermedad mental y un delito que puede acarrear condenas de entre diez y veinte años. Y, en tercero, porque las palabras de Bendodo abundan en un estilo de oposición que subordina la imprescindible colaboración institucional a la política del rifirrafe constante. Es decir, a una política incendiada, siempre en llamas, devastadora.
Los incendios que este verano han calcinado España –todavía la calcinan: una veintena siguen activos– deberían ser ante todo la ocasión para trenzar acuerdos institucionales que permitan las reformas estructurales para evitar que, en el 2026, se repita la catástrofe de este año. Lejos de eso, los dos grandes partidos, los que se reclaman como los mejores gestores posibles del país, han aprovechado las llamas para escribir un nuevo capítulo de su insomne, estéril y sonrojante enfrentamiento.
Las tres comunidades autónomas más afectadas por el fuego –Galicia, Castilla y León, Extremadura– están gestionadas por el PP. Sus respectivos presidentes coincidieron en exigir más recursos al Gobierno central después de que Alberto Núñez Feijóo, el líder popular, se manifestara en este sentido el pasado día 15, cuando ya la UME estaba desplegada. El presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, llegó a reclamar mil soldados más, 25 bulldozers, 15 vehículos nodriza, 30 helicópteros, etcétera.
Lo que necesitamos tras la quema de 360.000 hectáreas no son más invectivas, sino acuerdos
Desde el Gobierno central se interpretó esta ofensiva como un intento de descargar de responsabilidades a los presidentes autonómicos mencionados, pese a que en gran medida competen a sus instancias, o a las municipales, las responsabilidades de prevención y extinción del fuego. Y se empezó a reprocharles su actuación. Por ejemplo, a Mañueco, que solicitaba las ingentes ayudas mencionadas al tiempo que no usaba otras ya recibidas. Flotaba en el ambiente el recuerdo de la dana que asoló Valencia, y de la gestión del presidente Mazón; por un momento pudo interpretarse, oídas diversas declaraciones de dirigentes socialistas, que desde su bando se quería asimilar a Mañueco con Mazón.
Así las cosas, la escalada de declaraciones fue ganando
altura, hasta llegar a su cima, de momento, con las de Bendodo. Ahora bien, dicha coronación no trajo el fin de las
hostilidades. Félix Bolaños, ministro de Presidencia,
Justicia y Relaciones con las Cortes, y la eurodiputada popular Dolors Montserrat se sumaron ayer a esta pugna y
el intercambio de pullas.
¿Les resulta de veras tan difícil de entender, a todos los representantes públicos, que lo que desean los ciudadanos ahora, después de que hayan ardido 360.000 hectáreas en dos semanas, no son nuevas invectivas sino la toma de acuerdos y decisiones que atenúen riesgos similares en el futuro?
Sánchez anuncia nuevas iniciativas para dar forma al pacto nacional contra la crisis climática
Pedro Sánchez compareció ayer en Asturias, respaldó a Barcones y anunció tres iniciativas: la creación, el martes,
de una comisión interministerial para perfilar el pacto nacional contra la crisis climática; dedicar la próxima conferencia de presidentes autonómicos, en Asturias, a dicho pacto, y, a partir del martes, la recolección por parte del Gobierno de datos locales que permitan precisar un balance de daños.
El fuego es un enemigo común, que quema las propiedades públicas y particulares sin preguntar previamente si dependen de una institución gobernada por estos o aquellos, si sus propietarios tienen una ideología u otra. La lucha contra el fuego debe, por tanto, ser unitaria y coordinada. Las instituciones, todas ellas, están obligadas a mejorar sus políticas preventivas y adecuarlas a las nuevas condiciones medioambientales. Y sus responsables, antes de desdeñar propuestas del rival, deben preguntarse si son pertinentes y beneficiosas para el conjunto del país, no si pueden ser usadas como una –otra más– arma arrojadiza contra él.