Dentro de pocos días, el 7 de octubre, se cumplirán dos años de los ataques de Hamas en territorio israelí, con un balance de alrededor de 1.200 víctimas mortales y 250 secuestrados. Era previsible que Israel replicara de modo contundente a tal agresión, que reveló un grave fallo de su sistema defensivo. Pero pocos imaginaban que iba a responder a un ataque terrorista con lo que ha acabado siendo un genocidio contra los palestinos de Gaza. Un genocidio que reservará a Beniamin Netanyahu y su Gobierno de coalición ultra un ominoso lugar de la historia.
Hamas desplegó en su ataque a 5.000 militantes, a bordo de motocicletas, lanchas rápidas e incluso alas delta, en una operación mortífera, que años atrás hubiera podido parecer moderna. El contraataque de Israel, apoyado en su ejército, su tecnología punta y la ayuda de sus servicios de información, y de EE.UU., sería demoledor.
Empezó con bombardeos masivos sobre Gaza, siguió con la invasión terrestre y ha causado ya unas 65.000 víctimas mortales: el 3% de los gazatíes que vivían en la franja en el 2023. Por no hablar de los daños materiales: más del 70% de los edificios de Gaza alcanzados o arrasados. O de los económicos: hace un año, el PIB de Gaza cayó ya un 90%.
Israel argumentó inicialmente que su objetivo eran los dirigentes y militantes de Hamas, la formación proiraní con base en Gaza. Cada bombardeo de un hospital, escuela o universidad se justificaba diciendo que los terroristas se escondían allí. Hoy el sistema sanitario y el educativo, así como la red de carreteras o de agua potable, están mayoritariamente destruidos. Pero los bombardeos y la invasión terrestre prosiguen.
Israel ha aprovechado la guerra de Gaza para poner contra las cuerdas a Hizbulah, la milicia proiraní de Líbano –a la que diezmó haciendo estallar los walkie -talkies de sus miembros– o para lanzar ataques selectivos contra Irán, matando a algunos de sus mandos militares y a físicos implicados en su programa nuclear. Es decir, ha hecho una demostración de fuerza más allá de sus fronteras al tiempo que arrasaba Gaza.
Todas las conclusiones de los casi dos años de conflicto en la franja de Gaza son sombrías
Pero es en Gaza donde ha ido desvelando su objetivo último, que va más allá de devolverle el golpe a Hamas y se concreta en echar a los palestinos de su territorio, destruyendo sus casas –con bombas o con bulldozers que trituran las dañadas, y otras no alcanzadas por proyectiles–, desplazándoles continuamente, arruinando su agricultura, dificultando la llegada de convoyes de ayuda, disparando contra quienes acuden a un puesto de reparto de víveres para no morir de hambre –más de mil caídos ya por esta vía– y generando una hambruna que se ensaña con la infancia.
Las autoridades israelíes insisten todavía en que el propósito de su ataque a una sociedad agonizante sigue siendo librarla de los terroristas, y liberar a los rehenes que aun retiene Hamas. Pero desde la ONU hasta determinadas organizaciones de Israel defensoras de los derechos humanos ya se ha calificado lo que sucede de genocidio o de exterminio. A lo que Netanyahu ha replicado con un oblicuo recordatorio de su fuerza nuclear y de su falta de escrúpulos: “Si quisiéramos un genocidio, nos habría llevado una tarde”.
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Combatir el terrorismo con un genocidio. Está ha sido la errónea, abominable e inadmisible decisión de Netanyahu, tácitamente consentida por muchos gobiernos occidentales –aunque no por el español–, mientras EE.UU. Miraba hacia otro lado y la UE exhibía la debilidad de su política exterior. El mundo no podrá decir, como cuando se supo del exterminio nazi, que ignoraba estos crímenes. Los de Gaza llevan desde el 2023 en los telediarios.
Todas las conclusiones que se desprenden de estos casi dos años de conflicto son sombrías. Primera: los ciudadanos de países ricos y democráticos, como Israel, pueden elegir gobiernos fundamentalistas y crueles. Segunda: responder al terrorismo con un genocidio sugiere que los dos bandos incurren en atrocidades igualmente inaceptables. Tercera: la tibia reacción global evidencia un extendido retroceso de los valores democráticos.