Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial la extrema derecha lidera las encuestas de opinión en Alemania. También en el Reino Unido. Un fantasma negro recorre Europa, y España no es ajena a ello. Sin duda el efecto Trump se hace notar. Gusta estar con los ganadores. Y está claro que hoy por hoy la autocracia gana. Podemos hacer dos cosas. La primera es arrimarse al sol que más calienta y elegir nuestro modelo autocrático. Si me dan a escoger, me decanto por el que puso en práctica Lee Kuan Yew en Singapur. Un despotismo ilustrado y altamente eficiente. Deng Xiaoping se inspiró en él. En Pekín y Singapur puedes pasearte a cualquier hora sin riesgo de que te roben la cartera. Las calles están limpias. Por las noches los night clubs reverberan con la música. Las prioridades de los jóvenes son parecidas a las de los nuestros. La política en general ni les va ni les viene.
Pero el problema es que el camino hacia la dictadura es fácil de trazar, mientras que el reverso requiere conjunciones muy particulares. En España sabemos de eso. Así que me permitirán que, como dijo Churchill, reafirme que la democracia es el peor de los sistemas políticos… si excluimos todos los demás.
Jair Bolsonaro
Debemos reflexionar sobre las corrientes de fondo que nos han llevado a esto. Desde el incremento de la desigualdad hasta los excesos de la cultura identitaria, pasando por el hartazgo ante la sobrerregulación. Actuando la inmigración como factor de excitación que invariablemente toman los ultras como bandera.
Cuando la economía se desacelere, las derechas extremas crecerán todavía más. Para combatir esta deriva, es esencial ponerse manos a la obra con medidas racionales que vayan a la raíz del problema. Pero, aun asumiendo que pudieran fraguarse consensos al respecto, el efecto tomaría su tiempo. Así que hay que prepararse para que la ultraderecha entre en el gobierno o incluso lo presida.
Brasil y EE.UU. nos ofrecen ejemplos de instituciones que han funcionado y otras que han fallado
No me llamen derrotista. Sin duda, hay que hacer lo posible para evitarlo. Pero lo más grave no es que llegue, sino que una vez en el poder se perpetúe, poniendo en práctica su agenda antidemocrática. Igual que Europa requiere armamento para defenderse de sus enemigos exteriores, nuestras democracias necesitan instrumentos para luchar contra este corrosivo enemigo interior.
Brasil y Estados Unidos nos ofrecen ejemplos de instituciones que han funcionado y otras que han fallado. De forma curiosa, la democracia aparentemente más débil ha sabido combatir a sus enemigos. El pasado sábado se anunció una durísima condena a Jair Bolsorano. Es más, desde el 2023 se hallaba inhabilitado por el Tribunal Electoral para concurrir a elecciones. Por el contrario, la democracia que teníamos como referente de estabilidad fue incapaz de reaccionar frente a un presidente que no reconoció su derrota y jaleó a sus huestes a la insurrección. Puede argumentarse que es mejor dejar que el electorado decida qué recurrir a los tribunales. Discrepo. Quien ha mostrado desprecio por las reglas de la democracia y ha intentado subvertirlas debe ser excluido de participar en la contienda electoral. Puede sustituirle otro. Pero seguro que andará con ojo para no ser inhabilitado también.
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Para ello es necesario dotar a la democracia de un conjunto de medidas que la protejan. Tenemos en el Código Penal una serie de delitos contra la Constitución y el orden público que hay que revisitar con urgencia. Porque algunos, como el de rebelión, han quedado desfasados y otros han sido eliminados por motivos de oportunidad política, como sucedió con el de sedición. Nuestro legislador pensaba en los pronunciamientos militares que jalonaron la vida política de España los siglos XIX y XX. Pero el tránsito a la autocracia en el siglo XXI es de otra naturaleza.
Es preciso condenar a los políticos que no reconozcan el resultado salido de las urnas, a quienes inciten a sus partidarios a la insurrección o a los que no acaten las resoluciones de las juntas electorales, el Tribunal Constitucional o los tribunales de justicia. Los procedimientos para perseguir estos delitos deben ser rápidos, para evitar que los condenados por ello puedan concurrir a las siguientes elecciones. La inhabilitación y las condenas económicas pueden ser más disuasorias incluso que la cárcel. Y no crean mártires ni santuarios a los que acudir.