Desde la pandemia de la covid ha aumentado exponencialmente la demanda de consultas médicas por enfermedades mentales. Datos del Instituto Nacional de Estadística indican que entre el 2019 y el 2023 se ha triplicado el porcentaje de ciudadanos que presentan cuadros depresivos, pasando del 5,4% al 14,6%. Este hecho ha saturado todavía más la atención sanitaria especializada debido a la insuficiencia de psiquiatras y psicólogos en la sanidad pública, tanto en los centros de asistencia primaria como en urgencias.
La precariedad en la asistencia psiquiátrica se ha soportado hasta ahora con cierta resignación, tanto por los pacientes como por el colectivo médico. Pero el suicidio, el pasado 22 de agosto, de una mujer con un trastorno psiquiátrico grave en un box de urgencias, después de 48 horas esperando ingresar en el hospital del Consorci Sanitari de Terrassa, ha encendido todas las alarmas. Este hecho debe marcar un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades mentales en el sistema público de salud.
El suicidio de una mujer con depresión en un box de urgencias alarma por reflejar la falta de medios
Lo más grave, según se advierte desde el sindicato Metges de Catalunya, es que lo sucedido en las urgencias del Consorci Sanitari de Terrassa podría pasar en cualquier otro centro hospitalario. La falta de médicos especialistas en psiquiatría, así como de psicólogos, es endémica desde hace años y sus consecuencias se sufren cada vez más a medida que aumenta la población con patologías mentales. El problema de fondo es que no se asignan suficientes recursos en los presupuestos públicos de sanidad para ampliar las plantillas. Además, existe un déficit formativo que provoca que no se encuentren los profesionales necesarios cuando se necesitan.
La mayor parte de los pacientes acude a las urgencias afectados por crisis de ansiedad, episodios psicóticos, trastornos de conducta e ideas o intentos de suicidio. Hay que recordar que el suicidio es la principal causa externa de muerte en España, triplica las muertes por accidentes de tráfico y multiplica por 14 los homicidios. Los datos indican que un 34% de la población reconoce tener algún problema de salud mental. Sin embargo, se calcula que hasta un 60% de las personas afectadas no reciben el tratamiento adecuado, con demoras significativas para la atención ordinaria.
La Societat Catalana de Psiquiatria de la Acadèmia de Ciències Médiques de Catalunya reconoce que no todos los hospitales disponen de dependencias de salud mental separadas de las generales, pero asegura que la atención está garantizada. Otra cuestión es que haya más tiempo de espera pero que en las urgencias los casos se atienden inmediatamente en función de la gravedad y la emergencia. Sin embargo, entre el 2018 y el 2023, la cifra de quejas al Síndic de Greuges por deficiente atención a la salud mental aumentó un 41%.
La cifra de psiquiatras y psicólogos está muy por debajo de la media europea
La mayoría de hospitalizaciones psiquiátricas, en concreto el 62,8%, según datos del 2022, se atienden en urgencias. Este es un dato que obliga a replantear la atención de las urgencias psiquiátricas. Hay que tener en cuenta que de los 68 centros hospitalarios adscritos al sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (Siscat), solo 21 disponen de servicio de urgencias psiquiátricas independiente. En el resto de España la proporción es aún inferior. Reformar la asistencia psiquiátrica en los servicios de urgencias es una tarea compleja, que exige más espacio y más profesionales, tanto psiquiatras como psicólogos. Los boxes tradicionales no son los más adecuados para tratar a estos pacientes, ya que se necesitan espacios segregados físicamente para evitar que puedan lesionarse, así como que permitan la privacidad para que los profesionales puedan hacer una buena exploración. Hay que tener muy presente, sin embargo, que la mejor manera de reducir la presión asistencial en los servicios de urgencias pasa por mejorar la atención y solución de las enfermedades mentales en los centros de asistencia primaria (CAP).
Es evidente, en cualquier caso, que faltan muchos más psiquiatras y psicólogos en la sanidad pública. La contratación de los mismos es el primer paso que hay que dar si se quiere afrontar la reorganización del tratamiento de las enfermedades mentales. Baste recordar que España tiene nueve psiquiatras por cada 100.000 habitantes (trece en Catalunya) frente a los diecinueve de media de la UE. Uno de cada cinco, además, tiene más de 60 años y, por tanto, está cerca de la jubilación. Con los psicólogos sucede algo similar. La atención a la salud mental, sobre todo tras la pandemia, se ha convertido en un problema prioritario de salud pública que hay que atender con urgencia y con los medios necesarios. Puede resultar caro pero es fundamental para el bienestar de la población.