Gabriel Zucman acaba de proponer el establecimiento de un impuesto mínimo del 2% sobre la riqueza neta de los patrimonios superiores a los 100 millones de euros en la Unión Europea. Esta no es solo una medida cuyas consecuencias socioeconómicas serían muy negativas, sino que es una expresión de la falta de ideas de la izquierda, salvo exprimir a los contribuyentes, para abordar el problema de la desigualdad. A primera vista, parece ser una fórmula para generar ingresos y hacer pagar a los malvados explotadores clásicos, los “ultrarricos”, el coste de redistribución hacia los colectivos vulnerables. Sin embargo, este enfoque es una quimera cuyos efectos han mostrado siempre y en todo lugar ser distintos a los buscados y esperados por sus promotores.
De entrada, la historia ha emitido una y otra vez su veredicto sobre esa modalidad tributaria: una condena unánime. El impuesto a la riqueza no es ni siquiera una teoría; es un experimento fracasado. La evidencia empírica es unánime: la recaudación es mínima frente a la generada por otras figuras impositivas, léase el IRPF o el IVA; los costos administrativos son máximos; las distorsiones económicas son severas y la fuga de capitales se dispara. Así lo confirman los estudios coescritos por el propio Zucman sobre la experiencia europea.
Por eso, la mayoría de los estados de la OCDE y, en concreto, los europeos la han abolido. Francia suprimió en el 2018 el impuesto de solidaridad a la fortuna (ISF) y lo sustituyó por el impuesto a la fortuna inmobiliaria(IFI), que solo grava los activos inmobiliarios; Finlandia y Luxemburgo, lo eliminaron en el 2006; Suecia, en el 2007; Grecia en el 2009; Alemania, Dinamarca e Irlanda ya lo habían hecho en 1997; Austria en 1994; e Italia en 1992. En la actualidad solo España, Noruega y Suiza (esta última a nivel cantonal) lo mantienen.
El principal defecto de la tasa Zucman es su naturaleza de impuesto al capital productivo, no al ingreso. Gravar anualmente el 2% del patrimonio total transmite un mensaje claro a los inversores y a los emprendedores: no inviertan, no creen riqueza y, por supuesto, no se queden aquí. Por otra parte, esa riqueza ya ha sido gravada antes de acumularse (a través del impuesto sobre la renta, impuestos de sociedades o de sucesiones). Un tributo anual sobre el stock de capital es una confiscación progresiva que ignora la rentabilidad real de los activos que lo integran. Además, si un patrimonio no genera un rendimiento del 2% ese año, el impuesto está forzando a vender activos para pagar el tributo.
Pero la historia sigue… Gran parte del patrimonio de los ultrarricos no está en lingotes de oro, joyas u obras de arte, sino en acciones de empresas privadas, startups o negocios familiares. Al imponer un gravamen a este capital, se obliga a las empresas a descapitalizarse o a reducir la inversión a largo plazo, estrangulando el motor de crecimiento y empleo en Europa. Es una medida que ataca la raíz del dinamismo económico de un continente que tiene una acusada carencia de él.
Un impuesto a la riqueza en un entorno de libre circulación de capitales y personas como la UE es un elogio a la locura
Un impuesto a la riqueza en un entorno de libre circulación de capitales y personas como el de la UE es un elogio a la locura. La promesa de recaudar miles de millones de euros, 48.000 dice Zucman, choca frontalmente con la realidad. La movilidad de los ultrarricos es casi instantánea. Si la UE introduce un impuesto del 2%, los patrimonios por encima de 100 millones de euros simplemente moverán su residencia fiscal y sus activos a jurisdicciones sin este tipo de gravámenes (Suiza, Mónaco o Singapur, por citar algunos ejemplos). De este modo, la tasa Zucman se convierte, irónicamente, en una subvención a los paraísos fiscales.
Desde un punto de vista práctico, la implementación de esta figura impositiva sería un desastre logístico y legal, se convertiría en una fuente de litigio y de costes burocráticos. ¿Cómo se valora de manera precisa y objetiva una empresa no cotizada, una obra de arte, o un fondo de capital riesgo? La valoración anual de activos ilíquidos de 100 millones es una arbitrariedad contable que abriría la puerta a la evasión legal y a interminables disputas con la administración tributaria.
En la UE, la introducción de la propuesta de Zucman tendría escasas posibilidades de llevarse a la práctica, ya que requeriría la aprobación unánime de los estados miembros. Sin embargo, es interesante realizar un ejercicio de cuáles serían sus efectos. El riesgo más inmediato y letal es la huida incontrolable de capitales y talentos. Como se ha señalado, un impuesto coordinado a nivel europeo incentivaría a los ricos y a los grandes inversores a votar con los pies. Esto reduciría drásticamente la recaudación esperada y el capital productivo necesario para financiar la inversión.
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La simple discusión de un tributo de esta naturaleza en la UE enviaría una señal negativa a los mercados y lanzarían una peligrosa señal: Europa es una región donde las reglas fiscales pueden cambiar drásticamente y donde se castiga la acumulación de riqueza. Esto socava la confianza de inversores globales, lo que dificulta la atracción de capital extranjero necesario para impulsar el crecimiento.
La tasa Zucman no es una solución económica; es una fantasía fiscal plagada de ingenuidad y de un peligroso castigo al éxito que la UE no puede permitirse. Presentada bajo el velo de la “justicia social”, esta propuesta es, en realidad, un ejercicio de populismo económico que ignora las leyes fundamentales del capital y de la inversión.