El mercado de la delincuencia se mueve en función de la presión policial que se ejerce. Si se aprieta en una ciudad, el ladrón se va a la de al lado y si un país endurece las leyes, el delincuente encuentra refugio en otro país más permisivo. Este principio se da recurrentemente en nuestras ciudades, como refleja el reportaje que publicamos hoy en la sección de Vivir y en el que se constata que la presión de la policía en Barcelona ha trasladado la base de actuaciones delictiva multirreincidente al área metropolitana. En este sentido, es especialmente relevante la llamada de atención del alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Catalunya, cuyas fronteras con Barcelona son difusas.
La capital catalana arrastra un grave problema de inseguridad y aparece en el top de las grandes ciudades de España con mayor número de delitos. Estos datos, que ahora empiezan a reducirse, se han traducido en que los barceloneses sitúan la seguridad como el primer problema de la ciudad. Generalitat y Ajuntament se conjuraron hace un año, tras la llegada de Salvador Illa a la presidencia, a revertir esta situación y, además del incremento de juzgados para que los juicios rápidos no tardaran un año o más, se han desplegado más agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guàrdia Urbana.
El resultado ha sido que los delitos descienden en la capital, pero los profesionales de la delincuencia que se aprovechan de la laxitud legal que España ofrece a los multirreincidentes, se han trasladado al área metropolitana donde hay menos efectivos y son insuficientes los despliegues policiales puntuales que se efectúan. Este trasvase de cacos también ha llegado a Madrid, como le recordó hace un año el alcalde Martínez-Almeida al de Barcelona.
Nuevo dispositivo contra la multirreincidencia en el área de Barcelona
El mismo efecto rebote se evidenció cuando Barcelona presionó a los manteros y éstos se desplazaron a la costa. Y también ha sucedido con el mercado de la marihuana que se ha instalado masivamente aquí porque sale más barato legalmente que en los países vecinos. Tienen razón los alcaldes cuando piden acciones globales y no parciales. Hasta que el delincuente no reciba el mensaje de que en España sale cara su actividad, el problema no se reducirá, simplemente cambiará de ciudad.
