En estos tiempos líquidos, quien no corre vuela. Si el domingo pasado escribíamos aquí que el Gobierno debía replantearse las medidas que quería aplicar para elevar las cuotas de los trabajadores autónomos, hoy ya podemos decir que la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha escuchado las quejas del sector y ha dado marcha atrás. La ministra ha abierto los oídos, se ha dado cuenta de que no era el mejor momento para proponer unas medidas que causaban malestar entre los trabajadores por cuenta propia y ha rectificado ipso facto. Como escribe hoy Jaume Masdeu en la sección de Economía, es una rectificación en toda regla y hace un nuevo planteamiento, casi de mínimos, y limita la propuesta a un solo año, el próximo, además de congelar la subida de cuotas para los trabajadores que menos ganan y rebajar la de los del resto.
Queda aún mucho tiempo para las elecciones, o eso parece, pero todos los partidos actúan como si viviéramos en una campaña permanente. Cuando el PP descubrió la subida de las cuotas a los autónomos, no dudó en tirarse en plancha y convertir este tema en caballo de batalla contra el Gobierno. Alberto Núñez Feijóo recurrió a él el pasado miércoles en la sesión de control y los populares preparaban ya una serie de iniciativas para desgastar al Ejecutivo socialista. La reacción de la Moncloa ha sido fulminante: ni hablar de tamañas subidas, y aplicaron la vieja teoría de que es mejor una rectificación a tiempo que arrastrar un error durante meses.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz
Seguramente la ministra tenía razones para tomar su decisión, sobre todo, si se analiza las dificultades que tendrán los autónomos en el momento de la jubilación, cuando recibirán unos cantidades mucho menores que las que percibirán los trabajadores asalariados. Pero el contexto actual no está para muchos matices y florituras. Se había trasladado la imagen de que se esquilmaba a los autónomos y esto no se lo podía permitir el Gobierno socialista. Las nuevas medidas deben ahora discutirse en el Congreso y habrá que ver si, finalmente, existe el consenso para aprobarlas. Esta ya es otra batalla, pero, de momento, se va a librar sin protestas de los sectores afectados.