Ahora hace cincuenta años fue el principio de una esperanza. El sueño era que España superase los traumas del pasado y se convirtiera en un país europeo “normal”. La transición culminó diez años después con el ingreso en lo que entonces se llamaba Comunidad Europea. Durante un tiempo, parecía haberse logrado “que España funcione”, como había deseado González, y “España iba bien”, según Aznar. Pero la Unión Europea ha vaciado la política española y el vacío ha abierto paso al resurgimiento de los históricos demonios familiares.
La incorporación a la OTAN, que fue una condición para el ingreso en Europa, ha determinado los planes estratégicos de defensa nacional. El euro y el Banco Central Europeo han vaciado las tareas del Banco de España y las políticas comercial, monetaria y financiera.
La Unión Europea culminó la transición y ha vaciado la política española
Mi estimación es que más de tres cuartos de las leyes aprobadas para los ciudadanos españoles desde la crisis del 2008 son mandatos europeos. La UE genera regulaciones, que son inmediatamente vinculantes para los ciudadanos de los países miembros, y directivas, que deben ser “traspuestas” a la legislación de cada Estado.
Los campos tradicionales de legislación europea, la agricultura y el mercado interno, se han ampliado recientemente al empleo y la política social, el cambio climático, el mercado único digital, la inmigración, la inteligencia artificial y la defensa. Como las directivas no pueden enmendarse, se trasponen en paquetes de varias leyes que ni siquiera se discuten, se votan en bloque y cabe sospechar que muchos diputados y senadores ni siquiera leen. Otra serie de decretos recientes han sido para solicitar el desembolso de los fondos de recuperación de la UE, que conceden a España la cuota por persona más alta de Europa.
La última bronca en el Senado, en la comparecencia de Sánchez, la semana pasada
La UE impuso una reforma constitucional para que el Congreso limite el déficit y dé prioridad al pago de la deuda pública. Durante trece años, la ley más importante, los presupuestos generales del Estado, ha sido esbozada y aprobada por la Comisión Europea mediante el procedimiento de control del déficit excesivo antes de que el Parlamento español empezara a ojearla. Mientras que el presupuesto solo fue prorrogado dos veces en los primeros treinta años, lo ha sido ocho veces en los siguientes dieciséis años: el cuádruple en la mitad del tiempo.
No es que los instintos cainitas de los parlamentarios reduzcan la capacidad legislativa del Congreso. Es al revés: los legisladores se dedican a la bronca permanente porque se han quedado con muy poco trabajo. Las etiquetas y los insultos son la coartada de la impotencia. Mi anécdota favorita es la que cuenta aquel diputado al que el portavoz de su grupo parlamentario cogió del brazo cuando iban hacia la salida de la sala de sesiones y le amonestó: “Jesús, aplaudes poco”. Ahora todos los diputados y senadores saben que su tarea principal consiste en votar disciplinadamente, gritar, insultar y aplaudir mucho. Tengan en cuenta que la mayoría de los diputados van a Madrid cuatro o cinco días por semana durante ocho meses al año y muchos hacen vida de estudiante: comparten un apartamento con colegas, cocinan por su cuenta y se llevan la ropa sucia a casa. Me dicen que en el Congreso y el Senado la receta y el consumo de ansiolíticos baten récords.
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Dada la sobreabundancia de noticias y comentarios, quizá no hace falta mencionar el campo de batalla partidista en que se han convertido la cúpula de la justicia y los altos tribunales, cuyos asuntos más importantes acaban yendo a los tribunales europeos. Y, por supuesto, la difundida corrupción, con una larga herencia histórica que se remonta a la picaresca, como ya expuse en mi libro España: La historia de una frustración (Anagrama), y que la Comisión Europea ha calificado de “alto riesgo” en los sectores de la contratación pública, las infraestructuras y la financiación de los partidos políticos.
El balance de la democracia en estos cincuenta años podría ser: para los ciudadanos privados, libertades políticas y derechos civiles, aunque con incierto cumplimiento de las leyes y precaria administración de justicia; para la gestión pública, dependencia europea, polarización partidista, mucha corrupción y alta crispación.
La sociología política redujo la democracia a la participación electoral y la competencia entre partidos. En estos aspectos, la democracia española es más bien mediocre: todos los gobiernos desde 1977 se han basado en una minoría de votos populares, sobrerrepresentados en escaños por el sistema electoral, y hubo cuatro elecciones en cuatro años por falta de mayoría.
Pero la democracia no es solo elecciones y partidos. Desde los clásicos griegos, la democracia se ha entendido como una forma de gobierno, supuestamente mejor que la autocracia y la aristocracia, para producir un “buen gobierno” que sea responsable de sus resultados. Cuando no hay gobierno o hay mal gobierno, fracasa la democracia. La falta de gobierno, también en términos clásicos, se llama ano-cracia ; para el gobierno de los peores, últimamente ha reaparecido la denominación caquis-tocracia. Como ven, los prefijos griegos tienen en otros idiomas resonancias escatológicas que pueden ser adecuadas para el caso que nos ocupa.
Los que vivimos y sufrimos la dictadura quizá estemos más vacunados contra la decepción y la desesperanza. Volviéndolo a pensar, quizá no deberíamos haber esperado mucho más.