La República Bolivariana de Venezuela se encuentra inmersa en una espiral degenerativa que ha catalizado un seísmo institucional, un colapso socioeconómico y una arquitectura de poder cleptocrática. Esta es la ineluctable dinámica de los experimentos totalitarios de matriz socialista, caracterizados por la subversión metódica del orden constitucional, la coerción estatal y el desmantelamiento de la economía de mercado. Aunque resulte paradójico e irónico, el totalitarismo venezolano se ha convertido en un claro ejemplo de Estado fallido sui géneris.
El régimen dictatorial ha aplicado una estrategia depredadora caracterizada por un saqueo sistemático del patrimonio nacional y de la propiedad privada, lo cual, aunado a una política macroeconómica nefasta, ha producido los resultados anticipados por la teoría económica: la hiperinflación, la bancarrota de las finanzas públicas, la desindustrialización acelerada y una crisis humanitaria materializada en el éxodo forzoso de millones de ciudadanos y en la pobreza de la inmensa mayoría de la población residente.
Además, la dictadura venezolana ha experimentado una mutación estructural hacia una entidad político-criminal híbrida y patológica: el narco-Estado. En él, la casta dirigente se halla orgánicamente imbricada con redes de delincuencia organizada transnacional. Esta interdependencia simbiótica se articula no solo mediante el narcotráfico, sino también a través de otras vías como la explotación minera ilegal –ejemplificada en el Arco Minero del Orinoco–. Estos flujos financieros ilícitos constituyen un vector de acumulación de capital para la élite dominante y sus socios, y un mecanismo para financiar proyectos desestabilizadores en el exterior.
La captura estructural del andamiaje estatal realizada por el régimen otorga a las redes criminales un escudo de impunidad soberana. Y, para cerrar el círculo, el aparato judicial ha sido empleado como un dispositivo opresor que ha dinamitado el Estado de derecho y se ha traducido en la represión selectiva y sistemática de la disidencia.
En este contexto, la concesión del premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado representa un hito de trascendencia geopolítica y moral. Internacionaliza la resistencia cívica venezolana; es un factor catalizador decisivo en la dinámica de la transición política; eleva la causa democrática venezolana a la máxima instancia de la agenda internacional; formaliza el consenso global respecto al carácter autocrático e ilegítimo del régimen; refuerza la posición de Machado como la líder indiscutible de la oposición democrática y acentúa la presión para el retorno de Venezuela a la democracia.
Por el contrario, ese galardón subraya la indignidad de quienes han proporcionado un constante oxígeno al régimen en la escena internacional. En este siniestro capítulo, la figura del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha quedado marcada con un estigma indeleble. Su participación en el drama venezolano es la de un cómplice activo de la banda gobernante; un instrumento para blanquear a un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad y narcotráfico.
La concesión del Nobel de la Paz a Machado acentúa la presión para el retorno de Venezuela a la democracia
El hundimiento final del régimen está cercano. Y, en consecuencia, cabe contemplar con optimismo el futuro de Venezuela, dada su dotación de capital humano calificado, sus recursos naturales y su posición geoestratégica en el hemisferio occidental. Para ello, la agenda del nuevo gobierno democrático deberá articularse sobre dos ejes fundamentales: la reconstrucción de las instituciones propias de una sociedad abierta y la creación de un modelo económico de libre mercado.
Para lo primero se requiere el restablecimiento pleno de la democracia liberal, la vigencia irrestricta del Estado de derecho y el imperio de la ley. Ello implica restaurar la división de poderes y emprender una reforma judicial profunda orientada a la despolitización de la justicia. De manera simultánea, la liberación inmediata de los presos políticos, la lucha contra la impunidad y el desmantelamiento de las estructuras del narco-Estado son imperativos categóricos.
Para lo segundo, es preciso poner en marcha un programa de estabilización y ajuste estructural con rapidez. Por lo que respecta a la macroeconomía es básico acometer una reforma monetaria radical para abatir la hiperinflación y un plan de consolidación fiscal destinado a reducir un déficit (12,2% del PIB) y una deuda pública (164,3% del PIB) que son insostenibles y una losa para la recuperación de la economía.
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En el plano microeconómico es básico restablecer el derecho de propiedad y la seguridad jurídica, abrir la economía al exterior, crear un marco regulatorio atractivo para la inversión, así como liberalizar unos mercados asfixiados por el intervencionismo. Por añadidura, el capital humano representado por la diáspora profesional y técnica constituye un motor económico vital, cuya repatriación resulta esencial. Venezuela tiene todas las posibilidades de convertirse en un polo de libertad y de prosperidad en el continente.
La caída de la dictadura es una certidumbre y será rápida. Los vectores de presión internacional, la erosión interna del aparato estatal de control y la inmensidad del consenso cívico contra el régimen, magnificados por el reconocimiento mundial del liderazgo de Machado señalan un final inminente del oscurantismo reinante. Quienes auguran el caos y otros males apocalípticos si la dictadura cae, olvidan que esa es la situación actual del país y lo primero e imprescindible para salir de esa situación es acabar con ella.