La ley de Amnistía cuenta ya con el aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), Dean Spielmann, quien ayer se pronunció de modo explícito al señalar que dicha ley no colisiona con la normativa comunitaria sobre terrorismo ni vulnera la correcta gestión de los fondos europeos. Con su pronunciamiento, Spielmann rechaza, pues, los temores de la Audiencia Nacional española, que tras aprobarse tal ley sugirió al TJUE que podía contravenir la normativa europea antiterrorista, y rechaza también las reservas del Tribunal de Cuentas, que se dirigió al TJUE poniendo en duda la compatibilidad de la amnistía con el principio de lucha contra el fraude y las actividades ilegales que puedan afectar los intereses financieros de la UE. Las cuestiones elevadas en su día por la Audiencia y el Tribunal de Cuentas han obstaculizado hasta la fecha la plena aplicación de la ley de Amnistía.
Es cierto que el pronunciamiento del abogado general no es vinculante con el que tomará el TJUE, quizás antes de fin de año, pero la historia nos indica que, en la mayoría de los casos, uno y otro suelen acabar siendo coincidentes. De ser así también esta vez, ayer se habría producido un avance muy importante hacia la aplicación completa de la ley de Amnistía, si bien depende en última instancia de la justicia española.
El abogado general del TJUE considera que la norma no atenta contra la legislación europea
Es verdad también que en el pronunciamiento del abogado general no faltaban objeciones al modo en que se tramitó la ley, en lo relativo al plazo de dos meses que da a los jueces para aplicarla, o a que las acusaciones populares no puedan recurrir el archivo de las actuaciones. Pero es asimismo cierto que tales reproches son menores. Tanto por su importancia intrínseca como en términos relativos. Sobre todo, si los comparamos con los aspectos del pronunciamiento en verdad relevantes para el independentismo –sus líderes están ahora más cerca de recuperar todos sus derechos, al tiempo que pierden fuelle acusaciones de terrorismo contra miembros de los CDR– o para el Gobierno de España que impulsó la ley.
En este sentido, la jornada de ayer puede considerarse como un triunfo político claro del Ejecutivo de Pedro Sánchez y un espaldarazo para su principal medida encaminada a recuperar cierta normalidad en la sociedad catalana, escindida por las tensiones del procés , y también en las relaciones entre España y Catalunya. La apuesta era arriesgada y fue recibida de uñas por la oposición, que acusó al PSOE de poner a España en almoneda, y también en sectores de la judicatura muy molestos por lo que consideraron una enmienda gubernamental al fallo del juicio contra los dirigentes independentistas. Estos discursos han perdido un sostén decisivo después de que el abogado general del TJUE relacionara ayer la ley con “un contexto real de reconciliación política y social” y descartara que pudiera suponer “una autoamnistía”.
Esta interpretación del abogado general no impidió que varios dirigentes del PP se agarraran a las objeciones menores ya citadas para presentar el pronunciamiento, dejando de lado sus efectos principales, como una censura a las posiciones gubernamentales. Las opiniones son libres, pero los hechos son los que son y esta vez resultan ser, además, elocuentes. Aunque quizás no tanto como para calificarlos de “victoria rotunda”, tal y como hizo Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, puesto que queda todavía un trecho hasta la resolución de la amnistía y una mayor pacificación.
El Gobierno habla de “triunfo rotundo” y ERC y Junts, satisfechos, piden diligencia al Supremo
Así lo sugieren otras reacciones, como las procedentes del ámbito independentista, donde la interpretación europea fue bien recibida. Tanto ERC como Junts urgieron al Tribunal Supremo para que desbroce ahora el camino hacia la plena aplicación de la ley de Amnistía. Y Junts incluso permitió, con su abstención, que el Congreso frenara una enmienda del PP a la ley de movilidad sostenible que hubiera podido permitir la supresión de la fecha de cese definitivo de varias centrales nucleares. Todo ello sucedió en un giro imprevisto, pocos días después de que Puigdemont certificara la ruptura de las relaciones con el Gobierno.
En la política y en la justicia los procesos no siempre se desarrollan con la diligencia o la parsimonia que puedan desear las partes implicadas. Pero más importante que eso es que se desarrollen en la dirección más provechosa para el conjunto social. Y, desde esta óptica, el respaldo europeo a la ley de Amnistía, en tanto que instrumento de pacificación para nuestra sociedad, constituye una noticia alentadora.