Meta, la compañía matriz de Facebook y de Instagram, ha sido condenada judicialmente a pagar 540 millones de euros, incluidos los intereses, a los medios informativos digitales españoles por competencia desleal. El juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid ha considerado probado que ese gigante tecnológico ha vulnerado la legislación por haber utilizado datos de los usuarios de internet sin su consentimiento, lo que le permitió crear perfiles publicitarios individualizados en su propio beneficio y en detrimento de los medios de comunicación españoles que sí respetan las normas sobre protección de la vida privada de las personas. En Francia está en curso una demanda contra Meta por el mismo motivo y el asunto puede tener repercusiones en más países, ya que el reglamento de protección de datos rige a nivel europeo.
Dicha sentencia es un triunfo de la Asociación de Medios de Información (AMI), que engloba a 87 editores españoles de prensa digital, frente al citado gigante tecnológico. Pese a su importancia, sin embargo, dicho fallo judicial se queda corto. Si bien declara desleal la conducta de Meta en el mercado publicitario online basada en el tratamiento ilícito de datos, en cambio, no considera suficientemente probado un abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad online. Al margen de ello, la sentencia marca un precedente relevante en el sector publicitario español.
Los medios digitales españoles ganan una importante batalla al gigante tecnológico
La decisión del citado tribunal, que todavía puede ser recurrida, considera efectivamente que Meta ha obtenido una ventaja publicitaria significativa, frente al resto de los medios de comunicación, al haber realizado perfiles masivos del comportamiento de los usuarios de internet, en función de su uso de las redes sociales, sin haberles informado y sin haber solicitado su consentimiento, tal como establece el reglamento general sobre Protección de Datos (RGPD). Esto le permitió hacer llegar a los usuarios de la red anuncios segmentados, más eficaces y rentables que los del resto de los medios.
La supervisión y control de la actividad de los gigantes tecnológicos en España, al igual que en el resto de Europa, es una labor compleja y difícil por la escasa transparencia de su actividad. Meta, por ejemplo, no tributa ni presenta sus cuentas públicas aquí. Lo hace en Irlanda. Esto ha dificultado el trabajo de la justicia para determinar el importe de la sanción que le correspondía. La estimación del sector es que Meta ganó más de 5.281 millones de euros en España durante los cinco años que infringió la ley, de los que la sentencia estima que aproximadamente un 10% de esos beneficios deberían haber sido para los medios españoles. Meta comenzó a vulnerar el reglamento de protección de datos desde el mismo año (2018) en que entró en vigor y mantuvo este comportamiento hasta el 2023, que fue cuando ya empezó a pedir permiso a los usuarios para poder utilizar sus datos, lo que es tanto como reconocer su culpabilidad. La competencia desleal de Meta en esos años ha amenazado la sostenibilidad de los medios españoles ya que sus ingresos por publicidad online se han visto mermados.
El presidente Sánchez lidera una ofensiva contra el “espionaje” a los usuarios de internet
Una investigación adicional llevada a cabo por tres universidades en España, Bélgica y los Países Bajos ha descubierto un presunto espionaje a millones de usuarios mediante un sistema oculto que permitía rastrear su actividad en internet. Este hecho ha llevado al presidente del Gobierno a anunciar que llamará a comparecer en el Congreso de los Diputados a los responsables de Meta para que den explicaciones sobre ese presunto caso de espionaje sistemático y masivo a usuarios. Además, ha adelantado que el Gobierno prepara una batería de medidas para combatir la desinformación, los discursos de odio y la vulneración de la privacidad, así como para proteger a los menores. Sánchez ha acusado a las grandes tecnológicas de burlar las advertencias y las normas de las administraciones públicas. “Pero –ha llegado a decir– España no se va a arrodillar ante la mentira, el odio y el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica”.
El duro discurso de Sánchez contra las grandes tecnológicas coincide, sin embargo, con el proyecto de la Comisión Europea de flexibilizar el actual reglamento de protección de datos europeo, más rígido que el de Estados Unidos, para facilitar el acceso a los mismos al conjunto del sector tecnológico. La principal razón de esta medida es que los datos son el motor de la inteligencia artificial (IA), un ámbito en el que Europa no quiere quedar atrás. En cualquier caso, al margen de ello, es evidente, como dice el presidente del Gobierno, que no puede haber ninguna tecnológica, por grande que sea, que esté al margen de la legislación. El problema es que el enorme poder informativo y económico de los gigantes tecnológicos supera en ocasiones el de los propios estados.