Hoy quiero hacer una sugerencia que es posible que el lector considere ingenua. Si es así, espero que me disculpe. Sé que voy a contracorriente.
En las últimas semanas hemos seguido con asombro el juicio oral del caso del fiscal general del Estado, que continuará dando mucho que hablar por la condena impuesta por el Tribunal Supremo. Habrá que ver la argumentación de la sentencia y de los votos particulares de las dos magistradas discrepantes, pero la impresión que todo el asunto produce es nefasta. La división del tribunal por líneas ideológicas hace pensar en una conocida frase del abogado que tanto influyó en Donald Trump, Roy Cohn: “No quiero saber lo que dice la ley; quiero saber quién es el juez”. No hay duda de que el caso, por las ramificaciones políticas que tiene, dejará una profunda herida en la credibilidad de la justicia.
La transparencia es un valor muy cotizado, pero en el campo judicial sería mejor que no hubiera tanta
Pero mi sugerencia –que, insisto, es posible que sea una jaimitada– no se refiere a este caso, sino que se sitúa en un plano más general. Hemos asumido que cualquier información que entra en un juzgado puede terminar en los periódicos, aunque sea secreta. Sabemos que esto no está bien, pero nos hemos resignado a ello. Lo hemos visto en este caso. Lo vemos cada dos por tres. La justicia es una nave llena de vías de agua. Todo lo que pasa por los tribunales puede ser filtrado.
Estas vías de agua hacen que la navegación sea muy incierta, ya que dificultan las investigaciones, pueden provocar la destrucción de pruebas y condicionan las decisiones de los jueces. Muchas veces, antes de que el juez dicte sentencia, la opinión pública ya se ha pronunciado y lo ha hecho con una información que no suele ser imparcial, sino filtrada de forma interesada por una de las partes o por alguien que quiere influir en el caso en una u otra dirección. A menudo, además, la pena de telediario es más dura que la que el juez aplicará si entiende que existen motivos para ello.
Estas filtraciones están tipificadas como delitos por el Código Penal. A menudo, los tribunales abren diligencias, investigan, procesan a gente, pero no sirve para nada, o para muy poco. Los periodistas tienen derecho a no revelar sus fuentes, un derecho protegido por la Constitución. En un proceso judicial, entre abogados, fiscales y oficiales de los juzgados, el número de personas que tienen acceso a todas las diligencias siempre es alto. Si hay acusaciones particulares, aún más. Por eso, cuando una parte reservada del sumario aparece publicada resulta muy difícil saber quién la ha filtrado. El resultado es un grave daño a las personas afectadas y –aún más grave– a la justicia como institución.
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Yo viví durante cuatro años en el Reino Unido y allí la prensa y los medios informan muy bien sobre los asuntos judiciales, pero no recuerdo que se publicaran filtraciones de diligencias sumariales declaradas secretas por el juez. Sospecho que esto no se debe a que los abogados, los fiscales y el personal de los juzgados sean más responsables que aquí –la naturaleza humana es la misma–, sino porque la legislación prohíbe las filtraciones de diligencias secretas y, además, pone obstáculos a su difusión por la prensa o los medios.
Habría que consultar a un experto en derecho comparado, pero creo que este es el camino que siguen los países europeos más serios. Sé que en Italia se filtra y se publica todo, como aquí. En Francia, no lo sé. En el caso Pelicot, el más mediático de los últimos años, no se publicó ninguna filtración. En Alemania tampoco se difunden filtraciones judiciales, y me imagino que también es porque existe alguna norma que lo impide.
Mi sugerencia es la siguiente: si sabemos que estas filtraciones distorsionan la justicia y vulneran los derechos de los ciudadanos, ¿no podríamos limitar su difusión? Si otros países europeos lo han hecho, ¿no podríamos, sin recortar la libertad de prensa –la libertad de prensa es sagrada–, evitar que las filtraciones de diligencias que el juez considere secretas sean de dominio público? Si no fuera posible publicar las filtraciones, el interés por filtrar información caería a plomo.
La transparencia es hoy un valor muy cotizado, con razón, pero en este campo sería mejor que no hubiera tanta. El secreto sumarial es una garantía del sistema. Los jueces tienen que poder trabajar sin miedo a ser manipulados por informaciones interesadas y dictar sentencia sin la presión de un alud de comentarios y opiniones basadas en filtraciones. Si por motivos justificados quieren que una parte del sumario sea secreta, debe serlo. Si no, la justicia se convierte en un circo y su prestigio puede caer casi tan bajo como ha caído aquí en las últimas semanas.
El actual Gobierno está promoviendo una profunda –y valiente– reforma de la justicia. Pero sobre esta cuestión creo que no se está haciendo nada. ¿No podríamos inspirarnos en la legislación de los países europeos para impedir la difusión de las filtraciones? No se trata de entorpecer la labor de los periodistas. La información libre es esencial para el Estado democrático. Se trata de evitar que las filtraciones distorsionen el trabajo de la justicia y dañen derechos tan fundamentales de los ciudadanos como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.