Jean de La Bruyère era un escritor, pero sobre todo un moralista, que influyó en personajes tan diversos como Balzac, Gide o Proust, al que se atribuye una sentencia más apreciada por la historia pasada que por la realidad presente: “Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones, hacerla esperar es injusticia”. Pues bien, la familia Pujol en pleno se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional casi doce años después de haber sido acusados por el juez “de aprovecharse de su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica durante décadas, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”.
Si hacemos caso a La Bruyère, empezamos mal el caso. Por ejemplo, no es lo mismo que el expresidente de la Generalitat tuviera que explicarse en el 2014 que en la actualidad, con 95 años, cuando dos forenses enviados por el propio tribunal han certificado que “Jordi Pujol no está en condiciones físicas, ni cognitivas para comparecer en el juicio, ni dispone de la capacidad procesal para poder defenderse de manera suficiente”.
El tribunal desestima el informe de los forenses sobre el estado de salud de Pujol
Los magistrados se fueron a deliberar (?) Sobre la petición de la defensa de dejarle fuera del juicio por su delicado estado de salud, pero decidieron juzgarle independientemente del criterio de los médicos. A Pujol le piden nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Los magistrados hacen una aclaración innecesaria: se podrá revisar la situación, si se produce un cambio en su salud. Solo faltaría.
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El proceso a una familia clave en la historia reciente de Catalunya que está bajo sospecha no es un juicio menor, pues deberá determinar si el dinero que escondían en una cuenta de Andorra era una herencia del abuelo o se trataba del pago de comisiones por favores políticos. Pero también remitirá a las cloacas del Estado, pues esta cuenta se conoció porque un grupo de policías consiguió ilegalmente un pantallazo que demostraba su existencia en la Banca Privada de Andorra, tras amenazar a los responsables de la entidad. Eran tiempos del procés y todo valía para deslegitimar a CDC. Estamos ante el juicio a una época.