Revelar pertenece a los dioses, pero en manos de los hombres es peligroso. Contar un secreto o difundir una información privilegiada requiere prudencia y mejor que lo haga un profesional. No es correcto, por ejemplo, que un oficial de laboratorio se avance al médico y le telefonee a su cuñada: “Tranquila, Lola, que no tienes nada”. O el profesor que susurra al alumno antes del examen: “Prepárate los Reyes Católicos…”.
Hay una afición a contar algo antes que nadie. La moral suele ser costumbre, pero esta costumbre es de las malas. Se revela antes de hora para presumir de enterado y también para desplegar un cierto sadismo cuando la novedad no es buena, como es frecuente. Un estudiante que ha visto la lista de las notas corre a decir a otro: “Javi, te han cateado”.
Al revelar hay un disfrute más oculto que aquello que se desvela. Y en esta costumbre de parecer el enterado caen muchos. Cuanto más poderosos, más dados a revelar. Porque el dominio del secreto, y la libertad que se permiten para contarlo, realza, así lo creen, su poder: “A Fulano lo hacen ministro mañana”. O: “La ministra tiene un negocio oculto con uno de la oposición”. Etcétera. Un antiguo director de un periódico madrileño me dijo haber renunciado varias veces a publicar datos con valor noticiable sobre la vida íntima de personalidades.
Hoy parece que si no estás imputado no eres nadie y que si no filtras es que no tienes poder
Estoy hablando, como se advierte, de la costumbre de filtrar. Hoy parece, en nuestro galdosiano país, que si no estás imputado no eres nadie y que si no filtras es que no tienes poder. Pero filtrar está mal hecho: aparte de ilegal y contrario a la ética, desacredita y hace perder la confianza en el órgano desde el que se ha revelado un dato comprometido. Y, al final, delata al mismo filtrador.
La difusión no es un fin absoluto. Qué prisa y qué vicio por saltar a los titulares. La información sobre terceros limita con la ley y la moral. Por eso es tan doloroso que a veces se haga desde aquellas instancias que más ejemplares deberían ser con la gestión de datos.
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Si hay códigos de ética y protocolos de compliance en la sociedad civil, ¿por qué no en las magistraturas, la Administración y los servicios públicos para impedir la difusión ilícita? Falta transparencia en el Estado, incluido el poder judicial, con unos sistemas internos y externos de uso de la información que cierren el paso al funcionario o al empleado desaprensivo que solo hace que manchar al resto y a su institución. Luego pagan justos por pecadores y parecemos estar aún en la España de Fortunata y Jacinta.