El equilibrio territorial es imprescindible para conservar el bienestar y el progreso de un país. Es una evidencia que en el último medio siglo Catalunya, España y Europa han mejorado en nivel de vida, acceso a la educación, una sanidad al alcance de todos y una protección de las libertades. Hemos crecido en los trazos gruesos, pero al llegar a la realidad cotidiana de los individuos encontramos desigualdades, bolsas espantosas de pobreza y distribución desigual de los recursos públicos.
La falta de viviendas es un problema principal derivado del crecimiento demográfico sobrevenido y por una inexplicable falta de previsiones para construir más pisos de titularidad pública o facilitar las iniciativas privadas de los que han levantado la mayoría de los parques de viviendas en el último siglo. Los buenos políticos no han de mirar a las próximas elecciones, sino a las siguientes generaciones.
Estamos viviendo la desgraciada aparición de la peste porcina africana, detectada en la sierra de Collserola hace unos días. Se han desplegado todos los medios para atajar una enfermedad que no afecta a los humanos pero existe el peligro de que salte al sector porcino y golpee seriamente la economía agroalimentaria. Según cifras oficiales, la producción de carne de cerdo en España es de 4,93 millones de toneladas. Solo las exportaciones cárnicas de Catalunya a países terceros ascienden a 1.144 millones de euros.
Se ha perimetrado el parque de Collserola, se ha pedido ayuda al ejército español y se nos ha prevenido de no transitar por una superficie de bosque de unas ocho mil hectáreas. Era lo más pertinente para frenar la peste.
Pero desde hace varios años muchos ciudadanos de la Catalunya rural han pedido desesperadamente que se eliminaran las plagas de jabalíes, conejos y otros animales que destruyen cosechas y amenazan la seguridad en las carreteras cuando se transita de noche, habiendo ocasionado muchos accidentes graves. Se permitieron algunas batidas de conejos y jabalíes, pero como los afectados no viven en las grandes urbes, el problema sigue sin resolverse.
Sobran reglamentos prescindibles y funcionarios vigilantes para aumentar la productividad
La Unió de Pagesos volvió a manifestarse con tractores el pasado lunes en Lleida. Un portavoz sindical aseguró que “hace veinte años que la Plana de Lleida está denostada, sufre un abandono de fincas, no tenemos relevo generacional y hay un despoblamiento de las zonas rurales”.
El transporte público en pueblos pequeños y ciudades medianas es muy precario. Catalunya parece un país único en el mapa, pero vive a tres velocidades: el área metropolitana de Barcelona, la larga franja costera y el interior rural. Mientras Barcelona acapara población, inversiones y decisiones políticas, las comarcas del interior se vacían y envejecen. Soy un barcelonés de adopción, la mejor ciudad del mundo para vivir y trabajar. Pero también soy de la tierra de Josep Vallverdú, Manuel de Pedrolo, Màrius Torres, Manuel Girona, Joan Oró, Jaume Alsina, Joan Margarit y Josep Minguell.
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Se tiene la impresión de que se quiere desactivar a los pocos agricultores y ganaderos que han sostenido y sostienen un país que desde los despachos urbanos querrían yermo. Nadie tiene valor suficiente para corregir en Barcelona, Madrid y Bruselas el disparate de las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) tal como está planteado. Es un error estratégico haber construido el canal Segarra-Garrigues, la mayor inversión en Catalunya junto con la línea 9 del metro de Barcelona, para que desde oficinas de funcionarios de la UE o desde cenáculos políticos de Madrid o Barcelona se decida qué deben o no deben hacer los agricultores y ganaderos que custodian la tierra contra el criterio tecnocrático de muchos funcionarios. Esto no puede ser. Y, además, ahora llega la invasión de las renovables, que expulsará a más agricultores y ganaderos de sus tierras. El primero de los sectores es el primario. Todos pretendemos, lógicamente, desayunar, almorzar y cenar. Menos reglamentos prescindibles, menos funcionarios vigilantes y más productividad. Este planteamiento es compatible con las políticas medioambientales más eficaces y menos ideologizadas.