Las leyes urgentes

Australia ha implementado leyes para restringir el acceso ilimitado de los menores a las plataformas sociales, espacios donde habitualmente se malgastan las horas y se afecta el desarrollo cognitivo. Con una normativa sin precedentes, se ha bloqueado el ingreso a múltiples servicios como X, Facebook, Instagram o TikTok a los individuos menores de 16 años. El primer ministro Anthony Albanese calificó esta determinación como “uno de los mayores cambios sociales y culturales”. Y tal vez no estuviera exagerando.

No hace mucho tiempo, una normativa de este tipo habría sido impensable para los parlamentarios. Sin embargo, ante la profunda adicción que generan las plataformas digitales, hoy resulta urgente en gran parte de las naciones. Esto incluye a España, donde el Parlamento debate hoy una legislación para proteger a la infancia en el mundo virtual, dado que en este país los menores obtienen su primer teléfono a los once años, el 99% utiliza redes sociales y gran parte de ellos consume cuatro horas o más cada día.

Resultaría entonces conveniente que el Congreso ratificara esta normativa con prontitud, puesto que ciertos preceptos legales aparentan mayor prioridad que otros. Tal es el caso de aquellas medidas vinculadas a la batalla frente a la emergencia climática. En España, donde la Constitución dicta la facultad de gozar de un entorno natural idóneo y la obligación de protegerlo, disponemos actualmente de variados reglamentos. No obstante, en este conflicto las normas nacionales resultan insuficientes si se carece de un acuerdo internacional. La COP30 organizada en Brasil durante noviembre resultó frustrante: su resolución de clausura omitió cualquier referencia a los combustibles fósiles, y mucho menos propuso un cronograma para su eliminación. Esto ocurre aun cuando en la pasada década se han incrementado cerca de un 10% las emisiones de gases responsables del calentamiento que nos aproximan hacia un planeta invivible; y a pesar de que el 2023, el 2024 y el 2025 han representado los tres ejercicios con temperaturas más elevadas de los que se tiene memoria. Ni EE.UU. Ni China ni Rusia ni los emiratos muestran disposición para colaborar, lo cual nos afecta negativamente a todos.

Cicerón manifestó, hace ya más de dos milenios, que “el bienestar de la gente es la ley suprema”. No obstante, son numerosos y potentes los elementos que en esa sentencia permutan “el bienestar de la gente” por “mi interés particular”. Mientras tanto, el globo sigue ganando calor. Investigaciones de hoy advierten que la subida térmica para finales de siglo no quedará en 1,5 grados centígrados sino en 3 o 4, con los previsibles deshielos, incrementos del nivel oceánico, desplazamientos por causas climáticas y desenlaces fatales para la fauna y flora.

Si esta falla legislativa por descuido surge de motivos financieros, otras derivan de causas políticas, que resultan algo más lógicas dentro de la dinámica parlamentaria. El caso español así lo confirma. Durante el 2024 se ratificaron normativas aceptables para el conjunto de la sociedad, tales como la de eficiencia en la justicia, la de movilidad sostenible o la de atención a la clientela, la cual atiende a un reclamo tan generalizado como frenar al spam telefónico. Asimismo, se validaron decretos ley que incluso la oposición más implacable se vio obligada a respaldar, como aquellos destinados al apoyo de los afectados por la dana o por el genocidio en Gaza.

No obstante, durante el 2024 se descartaron diversas regulaciones que habrían satisfecho a gran parte de la población –si bien no a la totalidad–, tales como el recorte del horario de trabajo a 37,5 horas por semana; o aquella que planteaba, con una coherencia indiscutible, fortalecer la red eléctrica luego del corte de luz de abril. Asimismo, se bloqueó la ratificación de las partidas presupuestarias, priorizando el desgaste continuo o puntual del Gobierno por encima de unos balances adaptados a la actualidad.

Lee también

Quedarse en casa

Llàtzer Moix

Existen múltiples retos que demandan una contestación jurídica inmediata. Se requieren normativas más estrictas, o bien un cumplimiento más firme de las actuales, para luchar contra la corrupción, la evasión fiscal, los excesos de las tecnológicas o la violencia, además de facilitar la obtención de un hogar o la protección de las garantías sociales.

Existen normativas con mayor prioridad y relevancia que otras, dado que impactan a un número superior de personas de forma más inmediata. Bloquearlas o retrasarlas debido a tácticas de corto alcance representa una equivocación dañina para la población y, en consecuencia, digna de castigo. Esto impulsaría a una persona más rigurosa que yo a incluir un precepto adicional en el catálogo de legislaciones apremiantes: uno que rastree y castigue dichas fallas.