Gastar, reformar, invertir
Me dirán, con motivo, que soy una obsesiva. Hace poco, cenando con amigos y analizando la actualidad política, repasamos a todos los ministros. El ministro Puente, lógicamente, centraba la charla (ya era así antes del incidente Gelida-Adamuz) y nadie, absolutamente nadie, logró recordar el nombre de la ministra de Educación. Yo tampoco pude. Me invadió cierta inquietud —ya les comenté que soy muy meticulosa con estos temas—. He conocido de memoria a los integrantes de cada gabinete desde que tengo uso de razón. Resulta extraño que, gustándome tanto de la gestión pública sus avances en formación profesional y la bajada del abandono escolar, no recordara la identidad, el rostro o la voz de la responsable de dicha cartera. Increíble.
Podría deberse a la madurez y su repercusión en el olvido. O tal vez sea este desplazamiento que estamos efectuando en nuestro foco de atención. No hemos dejado de interesarnos por la política, más bien al contrario, pero la consumimos cada vez más como si integrara la sección de sucesos y careciera de vínculo con la de economía y sociedad.
Llevo tiempo sosteniendo que el mayor problema actual radica en haber transformado la valoración política en un dilema ético: bondad frente a maldad, aliados frente a adversarios. No obstante, la única evaluación política legítima debe centrarse en el impacto de las determinaciones que los gobernantes adoptan en representación de la ciudadanía. ¿Qué repercusiones genera esta medida? ¿Y aquella? ¿Estamos legando una nación superior o inferior? ¿En qué aspectos y de qué manera? Ejercer el poder implica asumir la responsabilidad de un estado. Atender su legado (ya sea gravoso o liviano), su idiosincrasia y su clima social, para estructurar un plan de porvenir mediante resoluciones basadas en una armonía compleja entre el volumen y la forma del gasto, la inversión y las reformas necesarias. Debido a que el bienestar común no constituye una imagen estática ni un principio moral, sino una determinación sujeta a circunstancias.
Al carecer de presupuestos se priva al Parlamento de una discusión sobre nuestras metas y el rumbo que seguimos.
Bajo esta perspectiva, me angustia la carencia de cuentas públicas que se inició con Montoro bajo el mandato de Rajoy y persiste habitualmente en el actual periodo con Montero. Esto conlleva un coste y justifica gran parte de nuestra situación presente. Operar mediante la extensión de los presupuestos anteriores acarrea repercusiones en el funcionamiento. No afecta excesivamente al desembolso ordinario, que suele variar mínimamente, ni a la actualización de las jubilaciones, sueldos de funcionarios e Iprem (ayudas y demás), realizable a través de decretos, pese a no ser lo ideal. No obstante, impacta severamente en las partidas de inversión, donde las restricciones de unas cuentas prorrogadas resultan fatales (impiden planes inéditos, atender requerimientos emergentes, elevan el papeleo y la administración en cada ajuste crediticio, generan dudas…). Se argumentará que, en una etapa de prosperidad y con el apoyo de fondos europeos, el problema se suaviza. Eso es incierto. Se logran disimular ciertos perjuicios, aunque la esencia permanece inalterada. Reitero que todo tiene un precio. Asimismo, existen derivaciones en el ámbito político. No únicamente debido a que su tramitación es un deber fijado por la Constitución, algo fundamental, sino porque se priva al Parlamento, y en consecuencia a la ciudadanía, de una discusión sobre nuestras aspiraciones y el rumbo a seguir. Tengan presente: desembolsar, capitalizar, transformar.
Tengo la sospecha —bastante razonable— de que logramos la estabilidad presupuestaria precisamente mediante la falta de ejecución de los fondos del capítulo 6, relativo a la inversión, los cuales caducan el 31 de diciembre si no se emplean. Esto se debe a que recientemente el incremento del desembolso estructural ronda los 5 puntos, mientras que el crecimiento de la recaudación estructural apenas llega a 3, y aun así acatamos estrictamente las normas de Bruselas. Afrontar esta discusión, LA discusión fundamental, acerca de la recaudación, los desembolsos y la inversión continúa representando la obligación política de mayor relevancia que mantenemos con la población. Resulta esencial para tomar decisiones, pero igualmente para enfocar esfuerzos en otros asuntos vitales: mejorar la eficiencia en el gasto y la inversión, atender requerimientos emergentes o solucionar una cuestión que me inquieta profundamente, que no se limita a la carencia de inversiones, sino a su realización efectiva. Ya comenté que soy una entusiasta de estos temas, pero el momento en que los profesionales de la información dediquen el mismo esfuerzo al cierre presupuestario que a su validación inicial, me sentiré plenamente satisfecha.
Me espera una nueva cena este fin de semana. He memorizado el nombre de la ministra de Educación. A pesar de ello, entiendo que la conversación no versará sobre nada de lo que me interesa, de lo que realmente cuenta.