Proteger a la juventud ante las redes sociales.
Pedro Sánchez comunicó recientemente en Dubái el plan de su Ejecutivo para restringir la entrada a las redes sociales a los jóvenes menores de 16 años, demandando a los dueños la implementación de sistemas de validación de edad que funcionen de verdad. “Hemos expuesto a los más jóvenes en un espacio al que nunca debieran haber tenido acceso solos –dijo Sánchez–; un espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia. (…) Debemos recuperar el control y protegerlos de este Salvaje Oeste digital”. El objetivo del mandatario español reside en detener los excesos de las plataformas digitales –“un Estado fallido donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos”, tal como las definió–, forzándolas a asumir la total responsabilidad de lo que publican y asegurar a la ciudadanía un espacio virtual protegido, democrático y que cumpla con las libertades básicas.
Durante el ejercicio anterior, Sánchez utilizó su intervención en el Foro de Davos para denunciar los abusos de los magnates dueños de las principales compañías tecnológicas. En la jornada de ayer, en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, el presidente de España dio un paso adicional y detalló su plan para combatir conductas indebidas en los entornos sociales virtuales, mediante un conjunto de cinco disposiciones normativas y de control que el venidero Consejo de Ministros tendría que ratificar, para luego trasladarlas a la deliberación parlamentaria.
La primera de estas disposiciones consiste en legislar para que los ejecutivos de las plataformas digitales asuman responsabilidad jurídica por los incumplimientos derivados de sus publicaciones, si estas caen en el terreno del odio o lo ilícito. La segunda se basa en tipificar como infracción penal la manipulación de algoritmos con fines de lucro. La tercera se centra en la creación de sistemas para validar la edad de los internautas y prevenir el ingreso de menores. La cuarta propone un método de seguimiento para identificar la trayectoria de los mensajes de odio y de confrontación. La quinta plantea la apertura junto a la Fiscalía de mecanismos para indagar eventuales faltas legales en determinadas redes.
El presidente presenta acciones destinadas a mitigar los efectos nocivos de las redes previo a los 16 años.
La elaboración de este grupo de acciones que intenta perfeccionar la vigilancia de lo que circula en las plataformas, además de su entrada, para custodiar de forma más exitosa a los jóvenes, nos resulta muy adecuada. Estos medios, que en sus comienzos se describieron frecuentemente como un canal idóneo para el contacto y la reciprocidad, se han transformado también en un lugar de amenaza. En este entorno habitan toda clase de publicaciones, de las que un elevado porcentaje son perjudiciales, al
alcance, además, de personas todavía inmaduras, propensas
a un uso inmoderado, alienante e incluso autolesivo de lo que se les ofrece.
Esta realidad sucede, aparte de por la fragilidad de los individuos jóvenes, por el ansia de los dueños de las plataformas, que
no dudan en alimentarlas con contenidos nada edificantes
ni en manipular a los usuarios, para incrementar el enorme
–y por ello muy difícil de controlar– tráfico que registran sus negocios.
La declaración realizada por Sánchez concuerda con las propuestas de diversas naciones avanzadas, distanciándose de las tácticas de gobiernos dictatoriales que restringen la red por motivos de pensamiento. Australia, decidida a evitar el mal uso de las plataformas digitales, demanda desde diciembre que las compañías responsables implementen acciones para garantizar que los jóvenes menores de 16 años no logren abrir perfiles en sus servicios, además de clausurar o borrar los que ya están activos. Francia, Portugal, Reino Unido o Dinamarca se encuentran analizando normativas similares. España mantiene en proceso legislativo una propuesta de ley orgánica destinada a salvaguardar a la infancia en el ámbito tecnológico. Sánchez comunicó asimismo ayer la creación de una coalición de seis estados de Europa con inquietudes comunes, incluyendo el nuestro, que se citarán próximamente para compartir datos y armonizar sus estrategias.
España y diversas naciones de Europa actúan de forma conjunta con el fin de contener los abusos de los propietarios de plataformas.
La falta de regulación en las plataformas digitales y la autoridad en aumento de quienes las poseen favorece a un grupo reducido mientras pone en riesgo a una gran cantidad de personas. Las naciones no deben permanecer indiferentes ante este crecimiento desmedido y arriesgado que carece de supervisión. Existen múltiples elementos fundamentales en peligro, iniciando con el bienestar psicológico y corporal de la juventud, sumado a su formación académica y principios éticos, continuando con la veracidad de la información y culminando en la armonía social.
La libertad constituye un valor que no se puede declinar. No obstante, bajo su pretexto se llevan a cabo atropellos que es necesario restringir.