Ayer se inició en el Parlament de Catalunya el debate de política general, que durará tres días y se prolongará, por tanto, hasta mañana jueves. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, acudió a este debate con dos objetivos principales. Por una parte, exponer el fruto de sus políticas hasta la fecha y perfilar las futuras. Y, por otra parte, sopesar el vigor actual de las alianzas del PSC, su partido, con ERC y Comuns, que fueron sus socios de investidura hace ya más de un año. Todo ello, con el propósito de inferir si podrá contar con ellos cuando se plantee la posible aprobación de los presupuestos de la Generalitat correspondientes al año 2026.
Respecto al primer apartado, el relativo a las políticas de la Administración Illa, ya cabe pronunciarse, una vez escuchado su discurso. El presidente, que insistió en el lema “Catalunya en marcha”, desplegó sus iniciativas y prestó particular atención a la severa escasez de vivienda accesible, considerada ya por la mayoría de las administraciones y los ciudadanos como una emergencia social, y anunció un plan mucho más ambicioso que el expuesto el año pasado, que se concretaría en impulsar la construcción de otras 210.000 viviendas, en un marco de colaboración público-privada y tras favorecer el uso de todo el suelo urbanizable, mediante una nueva ley. Se trata de un salto importante: en octubre del año pasado, durante su primer debate de política general, Illa fijó el objetivo en 50.000 viviendas. El propósito final de este incremento es que el parque público de vivienda se acabe situando en el 15% del total (ahora está en el 3,7%). Con dicho objetivo, según dijo Illa, se fijará el número de pisos construidos en función de las necesidades de la población, y no de las cargas urbanísticas del sector.
El president sube su apuesta por la vivienda asequible hasta las 210.000 nuevas unidades
También fue taxativo el president al pronunciarse contra “las políticas del odio” que promueven las formaciones xenófobas, ahora mismo al alza en intención de voto, según indican las encuestas. Illa desmintió con datos el discurso de la ultraderecha sobre la inseguridad, indicando que la delincuencia ha caído un 4,18% en el último año; los robos con violencia, un 13%, y las ocupaciones, un 11%. También anunció un Plan de Barrios dotado con 1.000 millones de euros y el incremento del número de mossos y bomberos, así como de juzgados. Pero admitió, eso sí, que los delitos sexuales habían experimentado una subida del 7,6% en dicho periodo.
Respecto al segundo apartado –la disposición de los socios de investidura a seguir dándole respaldo–, habrá que esperar para pronunciarse con pleno conocimiento de causa. Ayer los distintos grupos apuntaron ya sus posiciones tras escuchar al president, quien por cierto no aportó nueva concreción sobre la financiación singular para Catalunya, reivindicación central de ERC. Pero el debate, como ya se ha dicho, seguirá su curso hoy y mañana, y no será hasta que hayan pasado los tres días, cuando los partidos hayan replicado al president y hayan expuesto sus hojas de ruta alternativas, que cabrá manifestarse sobre su balance. Lo que sí puede decirse ya es que este debate es más que pertinente, puesto que, además de ser un signo de normalidad democrática, permite a las partes exponer sus prioridades y confrontarlas.
El discurso ultra sobre la inseguridad fue rebatido con datos, con más mossos y más juzgados
Esto último es algo que debe darse por hecho en un régimen político de libertades como el nuestro. Pero también es verdad que el clima político está muy enrarecido, particularmente en la escena estatal, donde con alarmante frecuencia casi se niega al rival el mero derecho a la existencia, y donde son constantes las políticas de desgaste y frecuentes las de bloqueo, que a la postre pueden traducirse en parálisis administrativa y obstaculización de las tareas de gestión del país, obviamente indispensables para su buen gobierno.
Illa, que ayer reiteró su llamada a los rivales a alcanzar acuerdos y fijar la mirada en los intereses del ciudadano, suele alardear, y no sin motivo, de que su llegada al Palau de la Generalitat abrió una etapa de pacificación y mayor estabilidad en Catalunya. Pero, en mayor o menor medida, los rescoldos del procés todavía humean. Y no es de extrañar, porque los acuerdos que permitieron la investidura de Illa se cumplen a velocidad muy lenta, al menos al parecer de quienes esperan ser sus beneficiarios, y también porque la aplicación de la ley de Amnistía, que depende de altas instancias judiciales estatales, lejos de ser efectiva, sigue su revirado curso: ayer el Constitucional admitió el recurso de Puigdemont contra la decisión de no aplicarle la amnistía.