La falta de vivienda no se soluciona con populismo. Es urgente dejar de engañar a la ciudadanía. La crisis no se resolverá señalando como culpables a los pisos turísticos legales ni a los propietarios de una o dos viviendas. Ellos no son los responsables ni los causantes del problema. Se debe a un desequilibrio grave entre oferta y demanda, a una inversión pública insuficiente, a una maraña normativa que frena la construcción, al bloqueo del suelo urbanizable y a una creciente inseguridad jurídica. Expropiar las 10.000 licencias turísticas de Barcelona en el 2028 no resolverá la presión demográfica de una década. Prometer ahora 50.000 viviendas públicas hasta el 2030 evidencia que el problema se conoce desde hace años y que ningún gobierno ha querido abordarlo con seriedad.
Para revertir la situación, Catalunya necesita construir 500.000 viviendas, lo que requiere financiación, promotores, constructores, mano de obra cualificada e inversores.
Beatriz Torra-Balari
Barcelona