PSOE y Junts se habían marcado el 31 de diciembre como fecha límite para consensuar una ley orgánica que permita la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat, pero el 2024 expiró sin que hubiera fumata blanca. Cuando quedaba claro que el tiempo se echaba encima de los negociadores, los posconvergentes dejaron claro en todo momento que priorizarían el contenido del traspaso y un buen acuerdo a los plazos estipulados de antemano. Eso es lo único que trasciende desde las filas de JxCat a día de hoy.
Tras el parón navideño, la formación de Carles Puigdemont espera avances y concreción de parte de los socialistas. El presidente de la formación y expresidente catalán exigió al presidente del Gobierno que haya un “punto de inflexión” en su relación y confían en que el toque de atención surta efecto. En juego no solo está el traspaso de inmigración; en el horizonte compartido por ambos partidos figuran otros asuntos como el techo de gasto y los presupuestos generales, cuestiones que quiere impulsar el Ejecutivo central en este primer trimestre del 2025.
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En sus últimas intervenciones públicas, tanto Puigdemont como el secretario general de Junts, Jordi Turull, han hecho hincapié en que la clave está en el poder de decisión en asuntos como los permisos de residencia y de trabajo. En que el traspaso de las competencias sea integral, resumen fuentes consultadas. El mantra que repiten los dos dirigentes es que no aceptarán una mera “encomienda de gestión”.
El Gobierno vasco negocia a su vez con el Ejecutivo central la transferencia de la gestión de los permisos de trabajo, pero eso en Catalunya ya existe y se quiere ir un paso más allá. “La clave es la resolución. Lo que no podemos hacer es que la Generalitat haga la propuesta de resolución y la comunicación, pero que la resolución corresponda al Estado”, señaló Turull al respecto hace unos días en una entrevista con eldiario.es , en la que consideraba que con voluntad política se puede encarrilar el acuerdo con el PSOE en solo unos días.
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Sea como fuere, si hay entente en los próximos días, el siguiente paso es tramitar en el Congreso de los Diputados la mentada ley orgánica para que el Ejecutivo catalán, al amparo del artículo 150.2 de la Constitución, adquiera las competencias que ahora están en manos del Estado. En esa primera fase sería el marco legal estatal el que siga regulando todo lo relativo a la inmigración en Catalunya, pero los posconvergentes pretenden completar ese traspaso con normativa propia aprobada por el Parlament.
Una de las opciones que se barajan para ello es registrar en la Cámara catalana una ponencia conjunta para que la ley catalana sobre inmigración sea consensuada por todos los grupos y se mantenga en el futuro sin modificaciones aunque cambien las mayorías parlamentarias. En ese marco normativo propio se podrían introducir aspectos como el requisito de acreditar el conocimiento del catalán “en un tiempo razonable” para renovar los permisos o bien la homologación de títulos, asuntos que JxCat ya ha puesto sobre la mesa.
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Parlament de Catalunya
Reunión de trabajo para empezar el año
El grupo de Junts en el Parlament arrancará el año con unas jornadas de trabajo en Cardona (Bages) los días 8 y 9 de enero, una cita en la que se preparará el nuevo periodo de sesiones de la Cámara. Antes del debate de política general, en octubre, el grupo posconvergente se reunió en Waterloo, en una cita similar. En aquella ocasión pudo participar de forma presencial el líder de la formación, Carles Puigdemont, que es diputado y vota de forma telemática, mientras no le aplique la amnistía.
