Junts ha logrado arrancar el compromiso de Pedro Sánchez de que el grupo parlamentario socialista impulsará la tramitación de la cuestión de confianza que los independentistas llevaron a la Mesa del Congreso y fue rechazada por el Gobierno y ha logrado incluir un seguro de impago público garantizado por el Estado por los inquilinos que no puedan ser desahuciados en el decreto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.
El objetivo de esta medida es proteger a los propietarios de vivienda en caso de impagos por parte de los jóvenes de hasta 35 años o de arrendatarios vulnerables que no puedan ser desahuciados. De esta forma, la nueva norma recupera el escudo antidesahucios, pero con una novedad que el grupo parlamentario catalán ha conseguido introducir para proteger a los propietarios de inmuebles.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts contempla la creación de un sistema de avales para garantizar el pago rentas del alquiler que pudieran ser impagadas, indican fuentes conocedoras del pacto. El mecanismo de garantía de cobro de la renta, que ya funciona con éxito en Francia, dependerá del Ministerio de Vivienda, que lo sufragará, aunque será gestionado por las comunidades autónomas.
Para poder acceder a estos avales por impago, la vivienda en alquiler tendrán que cumplir unos requisitos, entre los que se encontrará que el precio del arrendamiento esté referenciado al índice de precios del alquiler.
Los avales no solo cubrirán las mensualidades impagadas hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda. También permitirán sufragar los daños causados en el inmueble por inquilinos que no abonen las mensualidades de los alquileres, así como el coste de los suministros que haya tenido que sufragar el propietario.
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Es la primera vez que se lanza un sistema público estatal que protege a los inquilinos en situaciones perjudiciales para ellos. A su vez, se protege a los inquilinos vulnerables afectados por un desahucio. El Gobierno y Junts han pactado desarrollar un reglamento al efecto durante los próximos seis meses.
El propio Pedro Sánchez anunció hace unos días un sistema público de garantías de rentas del alquiler, pero reducido a propietarios que ofrecieran sus viviendas en alquiler asequible. “Asegurará al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso”, indicaron fuentes del Gobierno. Avanzaron que estará en funcionamiento este año y que se empezaría aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años. La medida hoy pactada reduce su alcance a los inquilinos vulnerables.
Ayer, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se refirió a “una garantía pública para que los propietarios puedan poner sus viviendas en alquiler y el Gobierno garantice el cobro cuando los inquilinos no puedan hacerle frente”, aunque no concretó nada más.
