Caín y Abel. Yolanda Díaz y María Jesús Montero. Nada como los puñetazos entre familiares para entretener al respetable. La subida del salario mínimo malmetida por la negativa del ministerio de Hacienda de eximir del pago del IRPF a los asalariados situados en la base de la cadena trófica laboral. Lo que iba a ser una fiesta en la España Cohete ha resultado un gatillazo: lo que Yolanda te da, María Jesús te lo quita.
No seamos exagerados. Con un incremento de más del doble en diez años -de 648 a 1184 euros/mes por catorce pagas-, en algún momento tenía que suceder que los perceptores del salario mínimo empezaran a verse las caras con Hacienda. El fisco ha decidido que ese momento ha llegado, tras superar el SMI el 60% por ciento del salario medio español. Y hasta aquí las buenas palabras para con el Ejecutivo, todas ellas con sentido si no nos movemos del plano teórico. Pues ya se ve que alguien con ese salario difícilmente está en condiciones de aportar a la caja común si no es en detrimento de su ya precaria calidad de vida material.
El año 2015 es el último en el que el ministerio de Hacienda deflactó el IRPF
Pero la voracidad del Estado no tiene límite. Hablar del IRPF es hacerlo también de la subida encubierta que año tras año viene produciéndose por la puerta de atrás, sin que sea necesaria decisión formal por parte del gobierno. Subida en frío, la llaman los entendidos. Y la padecemos todos. Un incremento de la fiscalidad a la chita callando y sin debate público de ningún tipo. Puesto en práctica: ciudadanos cada vez más pobres y el Estado, aunque no lo parezca porque sus bolsillos no tienen fondo, más rico.
Desde enero de 2015 hasta diciembre de 2024 la inflación oficial acumulada en España -¡ay, qué benevolentes son los datos oficiales!- ha sido del 26%. De este porcentaje, la mitad concentrada en los últimos tres años. Naturalmente, en esta década también los salarios han empujado al alza. Pero no lo suficiente para evitar la pérdida de poder adquisitivo con carácter generalizado. Ayer mismo, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, insistía en que la capacidad económica de los trabajadores es cada vez más reducida, a pesar de que la economía funcione “relativamente bien” (brillante oxímoron, por cierto).
María Jesús Montero
Pues bien, 2015 es el último año en el que el ministerio de Hacienda deflactó el IRPF para ajustarlo al progresivo encarecimiento de la vida. A ojos de Hacienda, si a usted no le hubieran subido el sueldo en diez años, su poder adquisitivo seguiría siendo el mismo. De ahí que, a pesar de tamaña barbaridad, el fisco considere justificado meterle la mano en el bolsillo con más entusiasmo año tras año, manteniendo los tramos de fiscalidad tal y como estaban entonces. Contra el discurso que destila el gobierno, deflactar no equivale a bajar los impuestos, sino a mantenerlos como están. No hacerlo, en cambio, sí significa subirlos. Solo que en silencio y aprovechando la ignorancia obligada del ciudadano, incapaz de estar al corriente de toda la letra pequeña que acompaña la liquidación del IRPF en España.
Este modo de actuar, que no tiene parangón en la mayoría de países europeos, da la espalda a la obligada transparencia que debiera acompañar la relación entre el estado y los contribuyentes. Y explica parte del incremento de recaudación de la administración. Según la AIREF, en el último ejercicio 3.400 millones recaudados a través del IRPF se debieron a la no deflactación, o lo que es lo mismo, a la subida del impuesto con traición y alevosía. Para 2025 la no deflactación aportará 2000 millones adicionales, a los que habría que añadir los 300 millones que se calcula van a provenir de los receptores del SMI que empiecen a tributar a partir de ya mismo.
Como España utiliza la no deflactación del IRFP como medida para cumplir con las exigencias de contención de gasto exigidas por Bruselas, no hay motivo para confiar en la desaparición de esta práctica más que cuestionable. Lo que sorprende es que la España Cohete de Pedro Sánchez no utilice la teórica bonanza económica de la que se presume para moderar el gasto. No pasa nada. Al Estado siempre le quedará seguir rebuscando en los bolsillos de la ciudadanía. Por vaciadas que estén, como es el caso de quienes cobran el SMI.