Jessica Rodríguez, la mujer con la que José Luis Ábalos mantuvo una “relación particular” durante un par de años según palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha admitido este jueves en el Tribunal Supremo que jamás trabajó para las empresas públicas Ineco y Tragsatec —dependientes del Ministerio de Transportes que dirigía el ex número dos del PSOE—, pese a que estuvo contratada durante más de dos años y medio. Sin embargo, la testigo ha desvinculado al exministro de ambas contrataciones, como también lo ha hecho del alquiler del piso de lujo en el que vivió un par de años en Plaza España (Madrid), que supuestamente pagó la trama Koldo a modo de mordida al ex hombre todopoderoso en Ferraz.
Rodríguez ha llegado al Tribunal Supremo, donde el magistrado Leopoldo Puente dirige la investigación contra Ábalos por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación, visiblemente afectada, con unas gafas de sol que prácticamente le tapaban el rostro. Fuentes presentes en el interrogatorio aseguran que se ha derrumbado en varios momentos, por lo que el instructor la ha autorizado finalmente a salir por otro acceso para evitar un nuevo paseíllo mediático. Durante los 45 minutos que se ha prolongando su declaración, la expareja de Ábalos ha apuntado hacia Koldo García, ex asesor del exministro que da nombre el caso, y a su hermano Joseba. Según su testimonio, cobró puntualmente de las empresas públicas pese a que no trabajó ni un solo día para ellas.
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Pese a carecer de experiencia, Rodríguez fue contratada desde marzo de 2029 hasta febrero del 2021 en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco). Más tarde, desde marzo del 2021 hasta septiembre de ese mismo año en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El intermediario para su contratación, tal y como afirmó, fue Joseba García porque, supuestamente, tenía relación con ambas empresas. Fue el propio hermano de Koldo quien le dio las instrucciones para sus trabajos: debía fichar, algo que hacía cada día, y acudir a su puesto en el caso de que la llamasen, algo que nunca llegó a suceder. Eso sí, cobró religiosamente cada mes. Rodríguez insistió en la idea de que “jamás” pidió a su expareja que la colocase en ningún sitio.
El otro aspecto sobre el que ha pivotado el interrogatorio es el alquiler del piso de lujo en el centro de Madrid, uno de los indicios que arrinconan al exministro de Transportes. Rodríguez vivió allí durante tres años, con un alquiler mensual de 2.700 euros. Ella no pagó ni un solo euro, según ha admitido, pese a que ha tirado balones fuera sobre quién asumía ese pago. La UCO sí parece tenerlo claro. En uno de sus informes aportados a la causa, la Guardia Civil señala al empresario Víctor de Aldama, considerado como conseguidor de la trama, como la persona que estaba detrás de los pagos, utilizando a un testaferro: Alberto Escolano, quien hoy también estaba citado como testigo, pero finalmente se ha aplazado.
El relato que Rodríguez ha dado al instructor Puente es que ella vivía con unas amigas en otro piso de alquiler, pero les vencía el contrato. En ese momento, su pareja le dijo que eligiese un piso, y su exasesor se lo gestionó para poder entrar a vivir. Esta versión coincide con la que Ábalos ofreció al magistrado que lo investiga: fue García quien se ocupó de gestionar el alquiler de una “amiga” que tenía una situación de “emergencia” habitacional. García, en sede judicial, defendió que en aquel momento vivía con su familia en un pequeño piso, por lo que no la pudo acoger. Así que recurrieron a Escolano, el presunto testaferro, que tenía un piso a mano. Del sumario se desprende que los pagos del alquiler ascendieron a 88.000 euros. Rodríguez ha reiterado que desconocía quién se hizo cargo de esos pagos.
La ronda de testigos de hoy ha terminado con los empresarios Manuel Salles y José Ruz, a quienes Aldama señaló como pagadores de mordidas a cambio de contratos de obra pública. Ambos han negado las comisiones. De hecho, según fuentes jurídicas, señalan que sus compañías nunca han sido adjudicatarias del Ministerio que dirigió Ábalos hasta la crisis de Gobierno que el presidente Pedro Sánchez acometió el verano de 2021. Ruz ha asegurado que contrató al conseguidor de la trama para un negocio en Panamá por una deuda de unos 5 millones. Un encargo que aceptó Aldama a cambio de una comisión del 20%, según las mismas fuentes. Además, ha dicho que conocía a Koldo García, y también a Ábalos, simplemente, por ser valenciano, como él.
