El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, está buscando una vía para contener a los órganos jurisdiccionales que se niegan a ejecutar las sentencias del Alto Tribunal y acuden a la justicia europea para preguntar sobre la obligatoriedad de aplicarlas.
Este debate surgido dentro del tribunal de garantías se ha producido a raíz de la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la sentencia del Constitucional sobre los condenados del caso ERE de Andalucía como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La Audiencia tiene dudas de si el TC se “extralimitó” e “invadió” ámbitos reservados a los jueces al entrar a valorar el contenido de lo enjuiciado y rebajar las penas, es decir, al entrar en temas jurisdiccionales, más allá de analizar si se vulneraron ciertos derechos.
El TC también ha tenido conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene intención de hacer algo similar sobre un asunto de laudos. Al plantear una cuestión prejudicial, la aplicación de la sentencia del TC queda en suspenso.
Fuentes del tribunal explican que tras plantear estas dudas ante el pleno del TC, Conde-Pumpido ha acordado reclamar la providencia a la Audiencia de Sevilla y ver los argumentos antes de tomar una decisión, como por ejemplo solicitar un informe a los letrados para abrir vías de actuación.
Estas mismas fuentes explican que los magistrados que conforman la minoría conservadora apuestan por no actuar y esperar a que la justicia europea se pronuncie. De los magistrados progresistas, varios de ellos entienden que abrir esta vía a los tribunales puede provocar un grave riesgo institucional.
Además, explican que la cuestión prejudicial se utiliza por parte de jueces y tribunales para consultar a la justicia europea sobre las dudas en la aplicación de una ley pero no sobre la ejecución de una sentencia y por tanto abre un antecedente peligroso.
