El PP ha visto en la reacción de la vicepresidenta María Jesús Montero tras la absolución de Dani Alves después de una condena por violación una brecha para atacar al Gobierno por el cuestionamiento de la presunción de inocencia y de la independencia del poder judicial. Y, asimismo, ha denunciado los “ataques” a las universidades privadas que ha anunciado el Ejecutivo, que, según ha exclamado el portavoz popular, Borja Sémper, también han sumido al comité de dirección de Alberto Núñez Feijóo en un profundo “estupor”.
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El dirigente popular se ha referido al manifiesto de las asociaciones de jueces y fiscales en el que critican a la también ministra de Hacienda y líder del PSOE en Andalucía por las “deplorables e injustificables palabras” de Montero y ha calficado de “clasista” la reforma los centros privados, que Pedro Sánchez ha definido como “chiringuitos”, en los que estudian cada año miles de españoles que “merecen un respeto”.
En concreto, Sémper ha asegurado que cada año hay 300.000 alumnos matriculados en instituciones privadas y que en estos centros han estudiado algunos de los miembros del Consejo de Ministros, sin ir más lejos, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha recordado los rumores de plagio que hubo sobre su doctorado en Economía por la Universidad Camilo José Cela, fundada en el año 2000 en Madrid.
Ante estas circunstancias, el PP exige no solo la dimisión de la ministra, sino también una “rectificación” y que pida perdón. Al mismo tiempo, Sémper ha defendido a las numerosas familias españolas que, “gracias a su esfuerzo”, llevan a sus hijos a universidades privadas y ha mostrado su total rechazo a una “ofensiva” que, a su juicio, se suma a la “preocupante deriva iliberal” de un Gobierno “acechado por los escándalos”.
No puede hablar de “justicia patriarcal” y señalar a los magistrados quien “pacta con condenados y fugitivos”, ha exclamado el portavoz en alusión a los acuerdos que el PSOE ha alcanzado con dirigentes de partidos independentistas que participaron en el procés y que, en el caso de Carles Puigdemont, presidente de Junts per Catalunya, se hallan fuera de España y no se han sentado ante el Tribunal Supremo.
