El Tribunal Supremo (TS) ha dado un plazo de 10 días a las partes para que se pronuncien sobre si el Alto Tribunal es competente para resolver la demanda que interpuso el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ya jubilado, contra la líder de Podemos, Ione Belarra, por llamarle “corrupto” en redes.
En la audiencia previa, el presidente del tribunal ha explicado que dado que esas manifestaciones las hizo en su cuenta privada de X, la Sala quiere saber si las hizo en calidad de diputada, en cuyo caso sería competencia del Supremo, o como ciudadana, en tal caso la demanda sería competencia de un juzgado ordinario.
Ione Belarra, ha pedido este jueves en una rueda de prensa que se garantice su inviolabilidad como diputada por la expresión de sus opiniones, aludiendo al artículo 10 del Estatuto del Diputado. La líder morada ha calificado la causa abierta contra ella como “una continuación de la persecución de la guerra sucia judicial” a la que “este juez ya jubilado ha sometido” a Podemos “a lo largo de su ejercicio profesional”.
Asimismo, Belarra ha vuelto a llamarle “corrupto” y ha señalado que García Castellón “fue traído de vuelta por el Partido Popular de su retiro dorado en Italia” para “afrontar las decenas de casos de corrupción del PP en ese momento”. García-Castellón “libró de la cárcel a Ignacio González y archivó la causa de Esperanza Aguirre por la caja B del PP”, ha indicado.
Las partes han aportado nuevas pruebas al procedimiento
Respecto a la prueba incorporada al procedimiento, la letrada de García Castellón ha aportado una reciente entrevista a Belarra en canal RED.es, vinculado al exlíder de Podemos Pablo Iglesias, en la que se ratificaba de sus manifestaciones.
Mientras que el letrado de la diputada ha aportado unas manifestaciones realizadas por el magistrado en unas jornadas el pasado enero, en las que resta importancia a esas declaraciones de Belarra, señalando que esos comentarios les daba igual.
En un principio, el magistrado solicitaba una indemnización de 120.000 euros, si bien más tarde amplió su demanda y reclamó 240.000 euros al incorporar otra publicación de la diputada en la red social X que consideraba que vulneraban su derecho al honor. La Fiscalía lo rebaja a 20.000 euros.
García Castellón señala que el comentario de Belarra supuso insultos hacia él
El primer comentario que denunció el magistrado fue publicado el pasado 2 de septiembre, cuando se hizo efectiva su jubilación.
“Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza”, publicó Belarra.
García Castellón subraya en su demanda que este comentario, “que ha tenido enorme repercusión”, hace que “infinidad de personas lleguen a creer” que es un juez 'corrupto' y 'prevaricador', “siendo esta aseveración absolutamente falsa”. Y considera que la publicación atenta “gravemente contra su persona y contra su carrera profesional”, destacando que el comentario tuvo “tres mil interacciones y mil comentarios de entre los que encontramos multitud de vejaciones, insultos y desprecios” hacia él.