Por mucho que Alberto Núñez Feijóo demande cada día un adelanto electoral, o que Junts insista en poner fecha de caducidad a la legislatura si no se cumplen los acuerdos, el Gobierno intenta mantener su rumbo en medio de las tormentas locales y de los terremotos internacionales. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Anual Normativo para el 2025, coordinado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que contempla aprobar en este ejercicio 199 nuevas iniciativas, con 16 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 140 reales decretos.
El programa de acción legislativa de este año, al que tuvo acceso La Vanguardia y que el propio Bolaños explicará próximamente en el Congreso, se nutre de trasposiciones de normas de la UE al ordenamiento jurídico español –hasta 75 iniciativas, casi un 38% del total–, del plan de recuperación, transformación y resiliencia del 2021 tras la pandemia –con 5 leyes y 15 reales decretos, algo más del 10% del conjunto–, y del plan de acción por la democracia con el que Pedro Sánchez busca poner coto al auge de bulos y desinformación como instrumento de ataque político, del que se incorporan 9 leyes para este año.
El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de ley para hacer obligatorios los debates electorales
Entre estas últimas figuran la reforma de las leyes de protección del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, la reguladora del derecho de rectificación, la de gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, o la ley de publicidad y comunicación institucional. También la que pondrá la lupa sobre la financiación de los partidos políticos.
El Consejo de Ministros ya aprobó ayer, a propuesta del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, dos modificaciones previstas en el plan de acción por la democracia, con el anteproyecto de reforma de la ley electoral de 1985. La iniciativa, aprobada en primera vuelta y que ahora recabará los informes preceptivos antes de ser remitida a las Cortes, obligará a celebrar al menos un debate en cada campaña electoral en medios de comunicación públicos, al que estarán obligados a concurrir las fuerzas políticas que concurran a los comicios. Se trata de evitar así que la decisión de participar en debates quede en manos de los propios candidatos. La reforma también obligará a hacer públicos los microdatos de los sondeos y encuestas que se publiquen durante las campañas.
El plan normativo del 2025 prevé además la reforma de la “obsoleta” ley de secretos oficiales de 1968, que Sánchez prometió a Aitor Esteban (PNV) en su reciente despedida del Congreso, o de la ley de enjuiciamiento criminal, para atribuir la investigación penal al fiscal en lugar de al juez de instrucción.
En cuanto a la política presupuestaria y tributaria, el plan contempla la ley de asunción por el Estado de parte de la deuda de las comunidades autónomas del régimen común. Y no tira la toalla al incorporar también la ley de presupuestos generales del Estado para el 2025, pese a que se mantenga a la espera de que se abra, como alegó María Jesús Montero, una “ventana de oportunidad” en los apoyos parlamentarios para poder presentarla.
Entre otras iniciativas, el programa del Gobierno incluye una ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, un decreto para conceder la nacionalidad española a los voluntarios de las brigadas internacionales en la Guerra Civil, o una ley para blindar la gestión pública del sistema nacional de salud.
