La Fiscalía reclama una pena de 12 años de inhabilitación a los exreponsables de Salut de la Generalitat por discriminar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la vacunación de la Covid. El Ministerio Público acusa a la exconsellera de Salut, Alba Vergès; al entonces director general del Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimón (que luego fue conseller de Salut); Marc Ramentol, secretario general de la conselleria; y Adrià Comellas, director del Servei Català de la Salut de un delito de prevaricación. En el escrito de acusación, el fiscal considera que “los acusados eran plenamente conscientes de que con tal decisión se estaba discriminando a los policías de los cuerpos estatales, que se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales o autonómicos, ya estaban protegidos”.
Los responsables de Salut siempre han sostenido que nunca quisieron discriminar a los policías nacionales y guardias civiles sino que en el momento en el que tocaba administrarles las dosis cambiaron de criterio. El día antes de que se pusiera en marcha el dispositivo para vacunar a los policías, el departament dio la orden de priorizar la vacunación a los mayores de 60 y 65 años. Los días antes se había paralizado las administración de las dosis de Astrazeneca después de la aparición de varios casos de trombos.
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La vacunación de los Mossos y de los colectivos esenciales empezó el 12 de febrero de 2021. Sin embargo, el proceso para vacunar a los policías y la Guardia Civil fue más lento porque estos tenían reservas sobre la gestión de sus datos por parte de la Generalitat. Así se realizaron varias reuniones entre los responsables del departament y de los cuerpos de seguridad estableciendo que la vacunación se llevaría a cabo entre los días 15 y 17 de marzo, en determinados centros de trabajo y siguiendo un censo elaborado previamente.
Salut priorizó vacunar a mayores de 60 años antes que a Policía y Guardia Civil
En aquella época solo podían vacunarse las personas de entre 18 a 55 años. No obstante, el 15 de marzo el Consejo Interterritorial de Salud paralizó las vacunas de Astrazeneca tras la aparición de trombos. El día 22 de marzo, el Consejo dio luz verde a vacunar de nuevo y amplió la franja de edad hasta los 65 años. Fue entonces cuando Salut argumenta que priorizó esa franja de edad porque era la de mayor mortalidad en detrimento de los policías. La fiscalía sostiene, sin embargo, que a sabiendas de que la inmunización de la Policía y la Guardia Civil alcanzaban apenas el 3,6% y el 2,8% respectivamente), los acusados decidieron paralizar el plan de vacunación.
Por la paralización de la vacunación intervino en su día el TSJC, a instancias de los sindicatos policiales JUPOL y JUCIL, que consideró que la medida del Govern había sido discriminatoria y ordenaba “la inmediata vacunación” de los policías para que en un plazo de 10 días se equiparasen en proporción a los niveles de vacunación de los Mossos d'Esquadra.
