La luna de miel que disfrutaban el Gobierno central y el autonómico de Canarias tras el triunfo de sacar adelante la reforma legislativa que permitirá la distribución entre autonomías de más de 4.000 menores migrantes no acompañados que permanecen hacinados en el archipiélago parece haber llegado a su fin. Esta mañana se ha esceneficado en el Tribunal Supremo el choque entre administraciones después de que el Gobierno constatase que no ha cumplido con la medida cautelar impuesta —hace más de dos meses, pese a que el plazo era de diez días— para que integrase en su sistema de protección a un millar de niños y adolescentes sin amparo familiar solicitantes de asilo. Ni un solo menor migrante que ha solicitado protección internacional en Canarias ha sido ni tan siquiera evaluado por el Gobierno central, tal y como reconocieron los testigos del Ministerio de Migraciones y de Interior, que tras descargar culpas en otro departamento reconocieron el problema “endémico” de un sistema poco solidario entre territorios.
Las semanas pasan, pero la crisis humanitaria no cesa en las islas. Las llegadas irregulares en cayucos no dan respiro a un sistema colapsado. De hecho, hoy mismo, la ministra Sira Rego ha anunciado que Canarias cumple con los requisitos para ser declarada en contingencia migratoria extraordinaria. Un paso previo para el inicio del reparto entre regiones, que avanza a cuenta gotas. De ahí, que el Gobierno de Fernando Clavijo siga explorando todas las vías para aliviar el sistema de acogida de menores, con más de 5.500 jóvenes bajo su paraguas. Por un lado la distribución por ley, que empezaría en verano, pero por otro lado está el espaldarazo que recibieron desde el Tribunal Supremo que obligaba al Gobierno a hacerse cargo de mil menores solicitantes de asilo acogidos en Canarias para corregir cuanto antes la situación de hacinamiento. Y Canarias no está dispuesta a abandonar la segunda vía.
Esta jornada lo dejado claro su representante legal en el litigio, quien ha denunciado ante los magistrados del Supremo que en estos dos meses la situación “no ha cambiado absolutamente nada”: ni se han evaluado a los menores para asignar el recurso más adecuado para su acogida en el sistema nacional, ni los Ministerios les han instado a corregir errores que ayer pusieron sobre la mesa desde Migraciones e Interior. Pero sin duda, el colmo de la paciencia se ha agotado cuando la Abogacía del Estado ha mencionado un nuevo protocolo que permita dar asistencia a los menores solicitantes de asilo que el Gobierno se sacó de la manga ayer, sin consensuar con Canarias. A primera hora de la tarde del miércoles fuentes del Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, informaron de que se había remitido un borrador, abierto a aportaciones, al Gobierno de Canarias, con la voluntad de acelerar el proceso.
La representante de los servicios jurídicos de Canarias ha destrozado, casi, cláusula por cláusula el documento. “No lo podemos asumir”, ha venido a resumir después de detallar que el documento presentado in extremis impone criterios, en vez de dar cumplimiento la medida cautelar dictada por el Tribunal Supremo. Una especie de patada hacia delante en la que se propone crear un nuevo grupo de trabajo para estudiar la situación y establecer un calendario de aplicación, que debería estar listo antes de finales de septiembre. Unos tiempos que no compaginan con la urgencia que se viven en las islas. “Nos vienen a decir que no pueden abrir recursos para atender a los niños cuando Canarias ha puesto en marcha más de 80 en los últimos dos años”, ha denunciado tras la vista el portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello.
El Gobierno se ha defendido, hasta de las preguntas del ex presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ha presidido la vista. “¿Los menores no tienen derecho al asilo”, le ha llegado a interpelar a los testigos. La cuestión negro sobre blanco es aparentemente sencilla, pero el papel no lo aguanta todo. El sistema de acogida de personas adultos lo gestiona el Ministerio de Migraciones, mientras que la tutela de los menores depende de las comunidades autónomas. Esto ha llevado a que todos lo recursos que pone en marcha el Gobierno, a través de oenegés, están pensados para personas adultas, por lo que ahora no se pueden integrar menores en ellos. La protección del menor no estaría garantizada si conviven niños sin amparo familiar con adultos. Tampoco si estos adolescentes están tutelados las 24 horas del día; algo que no es necesario con aquellos mayores de 18 años. De ahí, que según han esgrimido, la hoja de ruta del Gobierno pase por trasladar desde Canarias a la península a los adultos que ocupan camas en las islas hasta que estos recursos se queden vacíos. Y ahí, empezar a destinar a menores peticionantes de asilo. Además, el Gobierno prometió la creación de unas nuevas 150 plazas.
Pero todo ello, requiere tiempo. El que se agota en Canarias.
