Isabel Díaz Ayuso abrió ayer, a menos de 48 horas para que se vean las caras en la conferencia de presidentes que mañana se celebra en Barcelona, un nuevo frente judicial contra Pedro Sánchez.
El Gobierno autonómico madrileño anunció, por medio de su portavoz, Miguel Ángel García Martín, la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo instando a que se evalúe el coste real de la ley de eficiencia de la justicia, aprobada por el Gobierno central a finales del 2024 y que entró en vigor en abril. Una normativa que, según los cálculos realizados por el equipo de Ayuso, supondrá solo para el primer año de aplicación una inversión de “más de 44 millones de euros, de los cuales casi la mitad se consolidarían en los años sucesivos”.
La Comunidad de Madrid ya elevó un requerimiento al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado 10 de abril para concretar cómo se financiarían las medidas que se contemplan en la norma y que, entre otros, introduce cambios en la organización de la administración de justicia para “agilizar y reducir la sobrecarga en los juzgados y tribunales”.
La petición cursada desde el Ejecutivo madrileño fue desestimada. Sin embargo, el equipo de Ayuso optó por dirigirse al Contencioso-Administrativo con la interposición del recurso que ahora ha sido admitido a trámite por el Supremo.
Se trata de “una mala ley” que “se ha hecho sin contar con el poder judicial y las comunidades”, argumentan desde la Puerta del Sol recordando, además, que “el Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas”.
García Martín denunció que el escenario actual pone en riesgo de “colapso” a varios juzgados –como los especializados en violencia contra la mujer– por “aumentar sus competencias, pero sin apenas atribuírseles más medios”.
El Ministerio de Justicia acusa a la Comunidad de Madrid de utilizar el recurso ante el Tribunal Supremo como una “maniobra de distracción”
El Ministerio de Justicia enmarca el recurso de la Comunidad de Madrid en una “estrategia de distracción para opacar el hecho de que el gobierno estatal está llevando a cabo una transformación estructural y digital sin precedentes en la Administración de Justicia, mientras que la Administración autonómica arrastra los pies en la materia”.
Según los datos que maneja el Ministerio que encabeza Félix Bolaños, la implantación de la ley solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de ”2,4 millones de euros” por parte de la Comunidad de Madrid mientras que, recuerda, que el Gobierno ya ha destinado a la Comunidad de Madrid más de 50 millones de euros - en su mayoría de fondos europeos - para tal efecto.
“Que después de esta inversión el Gobierno regional afirme no estar preparado para el nuevo modelo puede indicar graves problemas de gestión”, señalan fuentes del Ministerio.
Madrid no está sola en esta batalla judicial, ya que las siete comunidades gobernadas por el PP con las competencias de justicia transferidas plantaron al ministro del ramo Félix Bolaños en la última reunión de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia que se celebró en Barcelona al considerar que se trataba de “un paripé” que no abordaba cuestiones esenciales como la financiación.
