La jueza deja en libertad a Francisco Martínez tras asegurar los datos incautados

Audiencia Nacional

El fiscal había pedido que quedara libre una vez que se ha comprobado que no puede destruir la información guardada en la nube

L'exsecretari d'Estat de Seguretat en temps del ministre Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, al Congrés

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez 

 ACN

La jueza María Tardón ha acordado la libertad del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que estaba en prisión desde el pasado 29 de mayo, en el marco de la llamada “Operación Borrasca”.

La magistrada adopta esta decisión una vez que el fiscal ha solicitado hoy su libertad, después de que la Comisaría General de Información de la Policía haya confirmado que las pruebas que de él dependían están aseguradas. Desaparecido el riesgo de destrucción o alteración de pruebas que motivó su ingreso en prisión, procede ahora acordar su libertad.

Martínez fue detenido junto al joven hacker José Luis Huertas, más conocido como Alcasec, por el robo masivo de datos para su posterior venta. Las sospechas que hay sobre ellos es que a través de un sofisticado sistema —con identidades falsas, criptomonedas, cifrado extremo y rutas anónimas—, se habrían hecho con “información sensible” de millones de ciudadanos, entre los que se incluyen datos personales procedentes de sistemas educativos, el Registro Civil, abonos de transportes o plataformas de facturación de compañías eléctricas.

La operación se inició en el 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismo públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.

La red había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar, y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales. Esta capacidad les permitía a los detenidos elaborar perfiles completos, cruzar informaciones en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social. Toda la operativa estaba alojada en servicios distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los cuerpos y fuerzas de seguridad.

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