Cuando se firmó el pacto de investidura entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, toda la atención se centró en la financiación singular. Parecía que ese objetivo, impuesto por los republicanos, sería el gran hito de la legislatura. Pero Illa no ha tenido intención de colocar la financiación en el centro del mandato porque no es algo que le exija la mayoría de sus votantes. Eso no significa que pueda permitirse el lujo de incumplir el compromiso con sus socios. De hecho, el Govern está negociando con la ministra de Hacienda, reacia al modelo acordado con ERC, pero el president es consciente de que el pacto no llegará en los plazos previstos. De ahí que, para Illa, fuera de vital importancia dar un paso adelante en el aeropuerto de El Prat, una decisión de la que sí hizo bandera durante su paso por la oposición y que sintetiza de alguna forma su propuesta de gobierno.
Después del acuerdo genérico de investidura, debía firmarse antes del 30 de junio un pacto entre los ejecutivos central y catalán para concretar cómo será el modelo de financiación singular que permitirá a Catalunya recaudar “progresivamente” los tributos estatales. El primero, el IRPF, que la Generalitat tiene que empezar a liquidar en 2026. Las negociaciones entre la consellera de Economía, Alicia Romero, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no avanzan lo suficientemente rápido como para cumplir con esa fecha, que en el Govern consideran que era demasiado ajustada. Será un primer incumplimiento con los republicanos (aunque sí se está en proceso de engrosar de más personal la Agència Tributària Catalana), aunque de momento no parece que eso vaya a tambalear la relación, ya que ellos están presentes en bastantes de las reuniones negociadoras y son conscientes de las dificultades.
Hay más cuestiones pendientes. El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a cumplir a tiempo con otro compromiso establecido con ERC para antes del 30 de junio como es la constitución de la empresa mixta Rodalies de Catalunya. La mayoría accionarial será estatal y no de la Generalitat como reclamaba Esquerra, pero al final los republicanos han aceptado que la empresa esté bajo el grupo Renfe para evitar un conflicto con los trabajadores, que estaban en pie de guerra por considerar que perdían su derecho a la movilidad, entre otros. Los estatutos de la empresa se están redactando y se pretende que la Generalitat pueda designar al presidente.
Todas estas demandas de ERC no solo responden a las condiciones para investir a Illa, sino que también interesan a Sánchez para mantener el apoyo de los republicanos en el Congreso. Pero son, al fin y al cabo, exigencias del programa de Esquerra y no del socialista. A punto de cumplir el año en la presidencia, Illa necesitaba una medida que simbolizase por dónde quiere que discurra la legislatura, más allá de las promesas de mayor inversión en vivienda, que responden a una necesidad imperiosa, pero que requieren de tiempo para materializarse y que siempre resultarán insuficientes. La ampliación del aeropuerto permitía enviar un mensaje político claro.
Si todo discurre como se prevé, las obras, que abarcan alargar una pista, pero también una nueva terminal y la mejora de las actuales instalaciones, no empezarán hasta dentro de cinco años. Pero la decisión se tenía que tomar ya porque está punto de empezar a tramitarse el plan director de inversiones de Aena, que destinará a este proyecto una cantidad récord de 3.200 millones de euros. De no haber anunciado el desbloqueo, el president corría el riesgo de caer en la misma falta de ambición que se reprochaba a su antecesor, Pere Aragonès, por parte de sectores económicos que acaban imponiendo el relato de la pérdida de competitividad de Catalunya, en especial respecto a Madrid.
De hecho, el propio Illa utilizó ese argumento contra el anterior Govern, al que acusaba de perder oportunidades por una excesiva indecisión para no molestar a diferentes colectivos, sean los ecologistas por el aeropuerto o la energía renovable u otros en el caso del Hard Rock de Tarragona. Durante los primeros seis meses al frente de la Generalitat, Illa presentó como principal activo la normalización institucional después del procés, pero ese relato ya no da mucho más de sí.
La oposición al proyecto de ampliación del aeropuerto es esencial para los comunes, que serán los que alcen más la voz, aunque sin romper la baraja, puesto que no están en su mejor momento de representatividad, pendientes además de resolver liderazgos de cara al próximo ciclo electoral. Los comunes esperan que la Comisión Europea frene la ampliación por afectar a zonas de valor ecológico, aunque en el Govern aseguran que las compensaciones previstas sortearán ese obstáculo.
Por parte de ERC, el relevo al frente del partido ha suavizado las aristas en este terreno. Aragonès sí hizo de la ampliación del aeropuerto una línea roja después del enfrentamiento que tuvo con su vicepresidente, Jordi Puigneró, de Junts, que llegó a un acuerdo para desbloquearlo con el Gobierno central y fue desautorizado. Oriol Junqueras no pone el acento en la ampliación y sus efectos ecológicos, sino en la “gobernanza”. ERC pide la gestión catalana del aeropuerto. Es algo a lo que Illa no se refirió en su presentación de esta semana.
El compromiso más difícil de digerir para Sánchez es el de la financiación singular, además de la amnistía
Los republicanos creen que se puede lograr que la Generalitat sea “determinante” en las decisiones sobre inversión, rutas aéreas, etc. Esa es la palabra que aparece en el acuerdo entre los dos partidos. Es cierto que se evitó el término “vinculante” y que el elegido no tiene consecuencias jurídicas. Pueden ser consultivas, por ejemplo. Pero la dificultad para liderar desde Catalunya la gobernanza del aeropuerto es total, ya que se trata de una empresa privatizada que cotiza en bolsa y de la que no puede desgajarse una parte de la gestión. Se está negociando la creación de una entidad catalana cuya opinión se tenga en cuenta, pero veremos en qué queda. Junts, que en su día ponía el acento en la ampliación del aeropuerto, ahora la sitúa en el traspaso de la gestión integral. Puede permitirse esa posición porque no es necesario su voto para tirar adelante el proyecto.
De todos estos compromisos, el más difícil de digerir para Sánchez es el de la financiación singular, así que no es de extrañar que no haya forzado la máquina para que su ministra de Hacienda acelerara un acuerdo con la Generalitat antes de final de mes. Antes del verano se espera la sentencia que previsiblemente avalará la amnistía, reclamada tanto por ERC como por Junts, por lo que en la Moncloa consideran que la relación con los socios independentistas catalanes ya estará lo suficientemente engrasada de cara al próximo curso político.
