Santos Julia se refería al 12 de junio de 1985 como el día en que por un momento todos los españoles nos reconciliamos con nuestro pasaporte, aunque nada más fuese por un momento. Una etapa en la que la tan manida idea del fracaso de España como proyecto colectivo quedaba atrás, convirtiéndose en un episodio más de nuestra complicada historia del siglo XX. Mientras, el país comenzaba a integrarse en el exitoso proyecto de la construcción europea, tal y como se percibía el proceso de integración en aquellos años.
Indudablemente, la dictadura de Franco había alejado a España de las primeras fases de la construcción europea. Este país no había participado en el diseño y desarrollo del modelo europeo de posguerra. Tampoco fue signatario de los tratados de Roma, ni intervino en los procesos de convergencia políticos e institucionales de carácter democrático desarrollados en el viejo continente. España era, sin lugar a dudas, el país más periférico de la Europa Occidental. Una situación que fue aprovechada por el antifranquismo para vincular las ideas de Europa, democracia y modernización. Una identificación a la que contribuyeron las instituciones europeas estableciendo la relación entre democracia e integración y es que, de alguna manera, hablar de Europa era hablar de todo lo que Franco había negado a los españoles.
Con el inicio de la transición, la relación entre España y la CEE comenzó a cambiar y el gobierno de Adolfo Suarez estableció como prioridad la negociación para la integración en las instituciones europea. De hecho, tras las elecciones de 15 de junio de 1977, entre las primeras medidas aprobadas por el Congreso de los Diputados se encontraba la solicitud de inicio de negociaciones para la adhesión, formalizada por Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, el 28 de julio de 1977 en Bruselas.
Sin embargo, Europa se dio su tiempo por muy variadas razones. Hubo que esperar a febrero de 1979 para que se iniciarán oficialmente las negociaciones, y ello tras el referéndum constitucional en diciembre de 1978. Y pese a los esfuerzos gubernamentales, la negociación se alargó y ni Adolfo Suarez ni Calvo Sotelo pudieron cerrar el acuerdo de adhesión. La firma del tratado de adhesión se produjo el 12 de junio de 1985 con el primer gobierno del PSOE. En esos momentos, como afirmó Fernando Morán, ministro de asuntos exteriores de Felipe González, España se colocó “en su sitio”.
El proceso de negociación no fue sencillo debido a la complejidad técnica de los temas tratados y a la coyuntura interna de las instituciones europeas. En ese momento, la CEE estaba redefiniendo su proyecto en clave democrática y buscando respuestas al agotamiento del modelo económico de posguerra tras las crisis del petróleo (1973 y 1979), que habían afectado seriamente a las economías de los países miembros. En esa misma coyuntura, la CEE trataba de asimilar el impacto de su primera ampliación y enfrentaba un intenso debate sobre la necesidad de profundizar en la integración o seguir ampliando la Comunidad, especialmente en relación con la Europa del Sur. Y finalmente, la CEE estaba buscando la manera de hacer frente al creciente descontento generado por algunas de sus políticas comunes, como los problemas ocasionados por los excedentes agrícolas de la PAC o por las medidas de reconversión de la industria pesada.
En ese marco se produjeron dos procesos paralelos. Por una parte, las negociaciones de adhesión entre el gobierno de España y las instituciones europeas. Estas no solo tenían un carácter político, sino también una gran dificultad técnica (divididas en 20 capítulos, destacó la tensión en los asuntos industriales, fiscales, agrícolas y pesqueros). En este sentido, los problemas no solo estaban relacionados con la búsqueda de un cuórum técnico y político entre Madrid y Bruselas, sino que también dependían de las conversaciones bilaterales con varios países (singularmente el debate agrícola franco-español), o de la definición de la posición comunitaria (los países miembros tuvieron dificultades para establecer su estrategia negociadora en algunos ámbitos).
Por otra parte, al mismo tiempo que se negociaba la integración española, los diferentes gobiernos de este país iniciaron un proceso intensivo de europeización de las políticas públicas españolas que tendría costes sociales y regionales. No hay que olvidar que se partía de una administración descontextualiza con el marco europeo (se mantenían comercios de estado y un exceso de proteccionismo, el sistema fiscal no permitía recaudar lo suficiente, inexistencia de asociacionismo democrático…).
Asimismo, el proceso de negociador, además de centrarse en las necesarias adaptaciones de España al acquis comumunitaire, también destapo o exacerbó problemas y carencias comunitarias como el abrumador peso de la agricultura del norte, la inexistencia de una política pesquera, la falta de una política migratoria o la complejidad de las fracturas norte-sur, especialmente en lo relativo a los países mediterráneos. Pero todos estos debates se afrontaron tras 1986, cuando España, por fin, estaba en Europa.
