Las cinco asociaciones de jueces y fiscales que organizaron la semana pasada un paro han dado un paso más y han acordado convocar una concentración el sábado 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo y una huelga los días 1, 2 y 3 de julio si no se retiran las reformas de la Justicia que se han tramitado por la vía de urgencia en el Parlamento. Fuentes del Ministerio de Justicia adelantan que la tramitación parlamentaria de las reformas va a seguir adelante a pesar de la amenaza de huelga.
Las cinco asociaciones, que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal, han adoptado este calendario de movilizaciones después de consultar a las bases donde se ha obtenido un apoyo superior al 80% de los afiliados.
La convocatoria está abierta “a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general”, señalan en un comunicado.
El comunicado consensuado por las cinco asociaciones -todas menos las progresistas Jueces y Juezas para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales-, explica que se trata de una concentración estrictamente institucional, “al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho”.
El comunicado está firmado por la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
El calendario es la concentración y si no se retiran las reformas sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal y la reforma del estatuto del ministerio fiscal impulsadas por el Ministerio de Justicia, convocar la huelga. Si después de los tres días se mantiene el plan del Gobierno entonces las asociaciones convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga.
Las asociaciones consideran que la reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal contiene medidas “altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho”.
Asimismo, tras analizar el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos, las asociaciones consideran que el mismo supone una oportunidad “perdida” de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas. Sostienen que se da incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado “sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”.
Por ello, las asociaciones firmantes piden la retirada de este anteproyecto, a fin de comenzar a construir un Estatuto que dé “verdadera respuesta” a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal.
Tras conocer la convocatoria de huelga, fuentes del Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, muestran su respeto a la acción prevista pero advierte que la mayoría parlamentaria y la mayoría de la sociedad está a favor de las reformas y, por tanto, seguirán su tramitación en las Cortes.
“Es normal que las reformas de calado generen algunos temores o reticencias, sobre todo en un sector donde el inmovilismo era la norma. Pero lo que hoy genera debate mañana será un consenso. Así ha sucedido con todas las reformas de la Justicia”, recogen estas fuentes.
Desde Justicia se intenta convencer a los jueces y fiscales que estas reformas “modernizan la Justicia para que sea más eficaz, ágil y cercana a la ciudadanía”, además de apuntalar su independencia y excelencia.
El departamento de Bolaños defiende que con las reformas aumentarán el ratio de jueces y fiscales gracias a las convocatorias de casi 500 plazas anuales durante tres años. Y se conseguirá un sistema de becas “blindado por ley” que asegurará la igualdad de oportunidades.
Además, defiende que se va a acabar con la precariedad de juezas y fiscales sustitutas (el 80% son mujeres) “con un proceso garantista basado en el mérito y ya no enfrentaremos sanciones millonarias de la Unión Europea”.
