El juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, empresa de criptomonedas que entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, ha ordenado el embargo de los bienes del cabecilla de la trama, Álvaro Romillo, para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.
En sendos autos fechados ayer a los que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, ha ordenado el embargo de una serie de bienes de los que son titulares Romillo y otros miembros de la organización, entre los que figuran su esposa, Mihaela Monteanu, y los hijos de esta.
El juez atiende así la solicitud de la Fiscalía, que el 11 de julio de 2024 pidió el embargo para responder de una cantidad “al menos de 250 millones de euros”, y la prohibición de disponer de determinados inmuebles, vehículos de motor y embarcaciones.
Entre los bienes objeto del embargo figuran tres embarcaciones, por un valor total que roza los 9 millones de euros, así como diversos inmuebles y plazas de garaje en Granada, Illescas (Toledo), El Espinar (Segovia), Aller (Asturias) y Madrid.
Se trata de la causa que investiga una serie de denuncias -de la asociación de consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas- por una supuesta estafa piramidal contra la plataforma de inversiones Madeira Invest.
El juez aprecia hechos que pueden ser constitutivos de un delito continuado de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros, pero que podría rebasar los 300; y un número de afectados que ronda los 30.000, según sostiene el despacho de abogados Aranguez.
Un informe de 1.047 páginas de la Guardia Civil del pasado 5 de junio apunta a un fraude de más de 260 millones de euros mediante lo que se conoce como método Ponzi, que finge una inversión rentable, pero lo que hace es pagar los intereses de los inversores con el capital que no se invierte o con el de los nuevos inversores.
El pasado 2 de junio, el juez instructor pidió a Hacienda asistencia para determinar si la organización ha cometido delito fiscal, para determinar la posible existencia de cuotas tributarias defraudadas por parte de los investigados.
El fundador de Madeira Invest, Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como “CriptoSpain”, se anunciaba como experto en elusión fiscal y, con ese argumento, intentó convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión.